“Nunca más, mientras yo sea alcaldesa de Madrid, ni cederemos ni alquilaremos ni consentiremos en ningún edificio propiedad del Ayuntamiento un evento como el que ha terminado en estos tristes hechos”, manifestó la alcaldesa en una rueda de prensa en la que compareció junto al vicealcalde, Miguel Ángel Villanueva; el delegado de Seguridad, Antonio de Guindos, y el portavoz del PP en el Ayuntamiento y presidente de la empresa municipal Madrid Espacios y Congresos, que alquiló el edificio a la empresa organizadora, Diviertt, Pedro Calvo.

Botella justificó la decisión de no volver a alquilar o ceder edificios para este tipo de macrofiestas subrayando el alto riesgo de incidentes “cuando se juntan en un sitio cerrado grandes masas de jóvenes, mucho ruido, aún más calor y, como mínimo, demasiado alcohol”.

Según los datos que aportaron los responsables municipales, el contrato con Diviertt tenía dos conceptos, uno por alquiler de espacio y otro por aforo. Si el aforo no superaba los 5.000 espectadores tenía que abonar 12.000 euros, si superaba los 5.001 asistentes debía pagar 20.000 euros. Además, tenía que pagar los servicios de limpieza, seguridad y climatización contra incendios, que ascienden a una cantidad aproximada de 24.300 euros; más 3.00 euros de fianza.

La empresa organizadora abonó el 50 por ciento del precio de alquiler correspondiente a 12.000 euros, puesto que no se sabía cuántas entradas se iban a vender cuando se firmó el contrato, y el 50 por ciento de la cantidad correspondiente a los servicios y la fianza. Para el resto de cantidades previstas presentó un pagaré con vencimiento 1 de diciembre, para hacer frente al 50 por ciento restante.

Además, Calvo justificó el acuerdo contractual con Diviertt, pese a los presuntos problemas de morosidad de esta empresa con la Seguridad Social, indicando que conoció esta situación a través de los medios de comunicación y añadió que para contratar con la administración sí es necesario estar al corriente de pago con la Seguridad Social, pero esta obligación no se aplica cuando el acuerdo se realiza con otra empresa, aunque sea municipal.

En cualquier caso, tanto la alcaldesa como el resto de comparecientes insistieron en el argumento de que la empresa municipal Madrid Espacios y Congresos no es la organizadora del evento y que se limitó a alquilar el espacio en el que se celebró.

Sin embargo, afirmaron que Diviertt sí cumplió todos los requisitos legales previos exigibles, aunque insistieron en que en el supuesto de que superara el aforo y no fuera cierto el dato de entradas vendidas que traslado al Ayuntamiento, el Gobierno municipal actuará en consecuencia.

Asimismo, Pedro Calvo declaró que la empresa organizadora es también la encargada de asegurarse de que no entran menores, “con lo cual si había menores de edad estaban de manera ilegal. Era una actuación reservada exclusivamente a mayores de edad”, afirmó, y agregó que el plan de control que se exigió a la organización era el que correspondía a un evento que podía congregar al máximo aforo permitido en el Madrid Arena.

SEGURIDAD

Respecto al dispositivo de seguridad, Antonio de Guindos incidió en que la policía municipal no es competente para velar por el dispositivo de seguridad privada, si bien se realizó una inspección previa de las instalaciones.

Además, y según explicó a los periodistas Emilio Monteagudo, inspector jefe del Cuerpo de Policía Municipal de Madrid, mantuvieron contacto con los responsables de la organización durante la noche y los datos que les transmitieron no aconsejaban ningún tipo de inspección en relación al aforo, ya que “insistían en que no había ningún tipo de problema”.

Pedro Calvo detalló que el operativo de seguridad privada estaba formado por 113 personas, 38 de la empresa Seguriber y 75 de Kontrol 34 SL. De ellas, 35 vigilantes de Seguriber se ocuparon de la zona exterior, mientras que las 75 personas de Kontrol 34 SL se encargaron del control en el interior, incluidas acciones como la solicitud de carnés de identidad, evitar la entrada de menores y gestión de la disposición de los asistentes. La empresa Dator se encargó de la lectura de las entradas, según explicaron.

En relación a la policía municipal, De Guindos aseguró que el despliegue se correspondió con el que se realiza ante un evento de un “riesgo alto”, por lo que se habilitó un contingente compuesto por un oficial, un sargento, un cabo y catorce policías para las labores de control de acceso y el mantenimiento de un cinturón de seguridad alrededor de la entrada para evitar que se vendiese alcohol.

En previsión de posibles necesidades adicionales se preparó un grupo de otros 24 policías municipales pertenecientes a la Unidad de Apoyo a la Seguridad, que se incorpora al recinto cuando se produce el primer aviso en el 112 en el que se alerta de que se están produciendo incidentes en el interior, a las 04.12 horas. De Guindos apuntó que 6 minutos después los servicios de emergencia se encontraban en el lugar de los hechos.

Los responsables municipales reiteraron que la policía se encargó del control del exterior, ya que la vigilancia en los accesos correspondía a la seguridad privada, evitando aglomeraciones en las entradas. En este sentido, insistieron en que los datos que recibían de la organización indicaban que no se rebasaba el aforo.