En la presentación del informe de AI 'Actuación policial en las manifestaciones', centrado en España, Grecia y Rumanía, Suárez-Llanos declaró que, en muchos casos, en las protestas contra las medidas de recorte del gasto público "se ha producido un uso excesivo y desproporcionado de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad, se ha efectuado un mal empleo del material antidisturbios y, en ocasiones, se ha dificultado el acceso a los servicios sanitarios para aquellos que lo necesitaban”.

Además, prosiguió, “no se ha realizado ninguna investigación efectiva e independiente al respecto”, y en los tres países se aprecia “un preocupante aumento" de las agresiones a periodistas.

Preguntada sobre la posibilidad de prohibir las grabaciones en las que aparezcan agentes policiales durante alguna manifestación, Suárez-Llanos indicó que “esto supondría un ataque a la libertad de expresión” y generaría mayor indefensión para los ciudadanos y más impunidad ante los abusos.

Como ejemplo, citó el caso de dos estudiantes valencianos que gracias a un vídeo grabado por un vecino pudieron demostrar que el atestado policial era falso y resultaron absueltos de los cargos que se les imputaron tras ser detenidos.

FIN DE LA IMPUNIDAD

En todo caso, si dicha propuesta llega a concretarse, dijo, “tendríamos que estudiarla detenidamente y Amnistía se opondrá siempre a cualquier limitación de derechos fundamentales básicos, como son la libertad de expresión y de reunión”.

La responsable de Política Interior de AI, Virginia Álvarez, se refirió a los sucesos del 15-M en Madrid y Barcelona, a las protestas ocurridas en agosto en la Puerta del Sol y a los recientes acontecimientos del 25-S, y coincidió en que “en todos ellos se ha producido un uso excesivo, desproporcionado e injustificado de la fuerza sin que haya mediado ninguna investigación interna o externa”.

En concreto, Álvarez reiteró la alarma de Amnistía ante la actuación de los antidisturbios en la manifestación del 25-S en torno al Congreso de los Diputados, la presencia de policías de paisano “sin identificar" y las cargas contra viajeros y ciudadanos pacíficos en la estación de Atocha.

“Hemos pedido a interior que lo investigue, y pondremos en marcha una ciberacción dirigida al ministro y a otros responsables para reclamar el fin de la impunidad”, declaró.

MÁS REPRESIÓN

En la rueda de prensa participó también la periodista Paloma Aznar, quien señaló que en los últimos 10 años, “50 personas han resultado heridas graves, 23 han perdido un ojo y dos han muerto a causa de pelotas de goma” lanzadas por antidisturbios.

“Ninguna de ellas ha obtenido reparación”, prosiguió Aznar, para quien, “además de los abusos de fuerza por parte de la policía, también se está incrementando la represión contra la prensa”.

“Somos un testigo incómodo”, señaló la periodista, que aseguró haber sido agredida mientras cubría dos protestas en Madrid, sin que en ningún caso se pudiese identificar a los agentes.

Tanto Suárez-Llanos como Álvarez insistieron en que “la policía tiene que estar identificada cuando está de servicio”, y no caben propuestas contra la normativa internacional.

Por último, el activista Gabriel Jiménez relató los “malos tratos” que asegura haber sufrido al ser detenido en la protesta en torno al Congreso del 25 de septiembre, y aseguró que “en dos ocasiones me impidieron el acceso a recibir atención sanitaria” y “me imputaron cargos falsos, basados en un atestado que no era real”.