Así se lo transmitió la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, a una delegación de europarlamentarios de la Alianza de Liberales y Demócratas por Europa (ALDE) encabezada por su presidente, Guy Verhofstadt, según informó el Ministerio de la Presidencia.

De la Vega mantuvo un encuentro con estos eurodiputados dentro del ciclo de visitas que los principales grupos políticos del Parlamento Europeo realizan a España para conocer de primera mano las prioridades de la Presidencia española del Consejo de la UE.

De la Vega explicó que la Presidencia española de la UE tendrá como prioridad la intensificación de la cooperación internacional en el ámbito de la lucha contra el terrorismo, el crimen organizado y el tráfico de drogas.

Además, en el marco de la protección de los derechos fundamentales, se prestará especial atención a los derechos de las víctimas de los delitos y en particular, a los grupos más vulnerables, como son niños, mujeres víctimas de violencia de género y víctimas de terrorismo.

Fernández de la Vega puso de manifiesto en la reunión que, gracias a la inminente entrada en vigor del Tratado de Lisboa, la Unión Europea “avanza en su unidad, en su carácter democrático, en su capacidad de acción y en su presencia y visibilidad exterior”.

La vicepresidenta primera del Gobierno explicó a los eurodiputados que España aprovechará la Presidencia del Consejo de la Unión en el primer semestre de 2010 para impulsar “la Europa de la dignidad humana, de la libertad, la igualdad y la solidaridad, la Europa de la democracia y el Estado de Derecho”.

Dentro del marco general que configura la apuesta por la innovación y la igualdad, la Presidencia española respaldará la plena aplicación del Programa de Estocolmo sobre el espacio europeo de libertad, seguridad y justicia, que será aprobado en el Consejo Europeo de diciembre, e impulsará la aprobación de su Plan de Acción.

En materia de inmigración, España trabajará para que se consolide de forma definitiva el enfoque global migratorio, eje fundamental del Pacto Europeo de Inmigración y Asilo, con tres objetivos: luchar contra la inmigración ilegal; canalizar y reforzar la inmigración legal en consonancia con los mercados de trabajo de los Estados miembros; y conseguir compromisos de readmisión. Este enfoque tendrá siempre en cuenta el papel de la UE en la defensa de los derechos humanos.