Durante su comparecencia en la Comisión de Seguridad Vial y Movilidad Sostenible del Congreso, solicitada por CiU y PSOE, José Pérez Tirado, portavoz de las asociaciones de víctimas, explicó que el seguro obligatorio de automóviles debe orientarse a garantizar las máximas coberturas a los damnificados por accidentes de tráfico, modificándose una mentalidad excesivamente centrada en los intereses de las aseguradoras.

A su juicio, debe mejorarse la legislación para que las víctimas de accidentes en España tengan los mismos derechos que en el resto de Europa.

Estas asociaciones consideran que los menores de 16 años y los mayores de 70, así como las personas con discapacidad, han de ser inimputables en un accidente de tráfico y tener derecho a ser siempre indemnizados sin aplicar reducciones a sus ayudas económicas.

"Otros colectivos vulnerables como peatones y ciclistas deben tener una especial protección en la legislación y limitarse el grado de coparticipación o concurrencia de culpa (nunca superior al 33%)", subrayó el portavoz de estas asociaciones, quien defendió la existencia de un baremo que permita evitar desigualdades entre víctimas y reparar el daño en el menor tiempo posible.

Según dijo, el baremo tendría que tasar y cuantificar el daño moral, además del patrimonial, para establecer qué indemnización es la más justa cuando se ha producido una lesión, amputación, etcétera, para atender así a la reparación integral de la víctima.

Respecto a la rehabilitación, considera que habría que reflexionar si los médicos, peritos, etcétera, que necesita el damnificado por el accidente deberían contemplarse en la indemnización como daño patrimonial porque "no es un capricho" suyo.

Pérez Tirado señaló también que la ayuda de tercera persona y las prótesis y ayudas técnicas representan un daño patrimonial para la víctima y debe calcularse valorando sus necesidades concretas e individuales (edad, esperanza de vida y circunstancias familiares).

Tras reclamar una mejora de las ayudas económicas, destacó la necesidad de incluir a las familias de las víctimas en las indemnizaciones, ya que en muchas ocasiones son "víctimas secundarias" del accidente.

Por su parte, Felipe Guillaumes, de CiU, recalcó que las víctimas "se han cargado de razones", cuidándose durante mucho tiempo de la prevención y la seguridad vial en su sentido más estricto, y añadió que lo fundamental es resituir al afectado por un accidente a la situación anterior a éste.

Elena Castellano, del Grupo Socialista, realtó la labor de concienciación en la prevención de accidentes de tráfico por parte de las víctimas y que, aunque han disminuido, "no nos dejará satisfechos hasta que el número sea cero". Coincidió con Pérez Tirado en que el baremo está obsoleto porque han pasado 17 años y la realidad ha cambiado desde entonces.

Finalmente, Concepción Bravo, por parte del PP, subrayó que todo el sistema de tráfico tiene que establecerse en torno a la persona, un objetivo que ha de ser prioritario y el más estratégico. También abogó por sentar las bases para acabar con la violencia vial y actualizar el baremo no más tarde del próximo año, reforzando así su finalidad reparadora.

Se mostró partidaria de incrementar la inversión en investigación no sólo para determinar las causas de las lesiones tras un accidente, sino también para evaluar la eficacia de las diferentes contramedidas, tanto preventivas como curativas.