La magistrada ha dictado hoy un auto de inhibición en el que señala que ha decidido inhibirse “al ser los hechos constitutivos de un presunto delito contra las instituciones del Estado”, una figura penal que es competencia de la Audiencia Nacional.

La resolución, a la hora de justificar esta imputación, asegura que los manifestantes del 25S “intentaron rebasar el perímetro de seguridad establecido” con el objetivo de “impedir a sus señorías abandonar el hemiciclo”. También sostiene que “lanzaron objetos a los funcionarios de policía" y "produjeron agresiones".

La titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Madrid afirma a la luz del atestado policial que “queda claro” que el objetivo de la manifestación era “exigir la destitución y ruptura del régimen vigente”. “Los hechos del día 25 de septiembre podrían encuadrarse en un presunto delitos contra las instituciones”, concluye.

De esta forma, el caso vuelve a la Audiencia Nacional después de que la semana pasada el juez Santiago Pedraz, que se encontraba de guardia, rechazase hacerse cargo de los detenidos.

RECHAZO DE LA AUDIENCIA

A pesar de la intención del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional de entregar a los arrestados a la Audiencia Nacional, Pedraz consideró que los hechos no eran competencia de este órgano jurídico.

El magistrado explicó en una providencia que el atestado que la Brigada Provincial de Información le había remitido reflejaba delitos de atentado, lesiones, resistencia a la autoridad, desobediencia y desórdenes públicos pero no atribuía a los arrestados delitos contra las altas instituciones de la Nación. Este atestado fue finalmente ampliado por la policía, incluyendo el citado delito.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional también se opuso a que este órgano jurídico se hiciese cargo del caso, según informaron fuentes del Ministerio Público.

Si la Audiencia Nacional vuelve a rechazar el caso, se podría elevar un conflicto de competencia para que sea el Tribunal Supremo quien determine que órgano jurídico debe hacerse cargo de la causa judicial. Fuentes de la Audiencia Nacional señalaron que Pedraz tomará una decisión en los próximos días.

ACTUACIÓN POLICIAL

La titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Madrid también defiende en su auto la actuación de la policía. “Los cuerpos policiales del Estado establecieron un dispositivo policial de seguridad para salvaguardar el normal desarrollo de la sesión plenario del congreso, mantener el orden público y proteger la integridad así como la libertad de ejercer libremente sus cargos de diputados”, señala la resolución dictada hoy.

La magistrada destaca además que Pedraz ha abierto diligencias contra ocho personas imputadas por promover las concentraciones que tuvieron lugar el pasado 25 de septiembre. Entiende la jueza que la apertura de esta causa hace que Pedraz deba asumir también el sumario por los altercados de la concentración.