La magistrada ha dictado hoy un auto de inhibición en el que señala que ha decidido inhibirse “al ser los hechos constitutivos de un presunhto delito contra las instituciones del Estado”.

La jueza, tras interrogar a los arrestados el jueves de la semana pasada, imputó a 33 de los detenidos un delito contra las altas instituciones de la Nación, una figura penal que es competencia de la Audiencia Nacional y no de los juzgados ordinarios.

De esta forma, el caso vuelve a la Audiencia Nacional después de que la semana pasada el juez Santiago Pedraz, que se encontraba de guardia, rechazase hacerse cargo de los detenidos.