El enfrentamiento tuvo lugar después de que Silva Sande, que tiene la condición de testigo protegido en otras causas como la que investiga el secuestro y desaparición del empresario Publio Cordón, señalase ante el tribunal a Pérez Martínez como el “máximo responsable” de los Grapo y le responsabilizase de todas las acciones terroristas.

Cuando llegó su turno de declarar, el “camarada Arenas” descalificó a Silva Sande y añadió que en sus años de militancia no quería "saber nada de él" porque "además olía mal".

El cruce de acusaciones tuvo lugar en el juicio que la Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia Nacional celebró esta mañana por el atentado que los Grapo llevaron a cabo el 29 de enero de 1998 contra la empresa de trabajo temporal People, sita en la Avenida de América de Madrid.

Silva Sande aseguró que la persona que decidió y ordenó este atentado, como las demás acciones de los Grapo, fue Pérez Martínez. “No me considero dentro de esa organización, pero enemistad personal ninguna, he abandonado la organización porque mi forma de pensar es muy distinta ahora”, explicó el acusado.

NIEGA LOS HECHOS

El “camarada Arenas” negó por su parte su participación en el atentado y se defendió diciendo que se limitaba a ejercer "la dirección política e ideológica del movimiento de resistencia popular", en el que se incluían "organizaciones políticas, sociales, culturales y sindicales".

Sin embargo, el acusado defendió los atentados contra las empresas de trabajo temporal al considerar que se trataba de "acciones justas" que venían a perseguir "el hecho sangrante del trabajo esclavo de los jóvenes obreros".

Junto a Silva Sande y a Pérez Martínez se sentó en el banquillo de los acusado la exmiembro del “comando Central” de los Grapo María Victoria Gómez, quien también ha cargado contra Silva Sande, al que ha acusado de querer ir ahora "de honrado por la vida". "Es mentira todo lo que acaba de decir, el máximo dirigente de los Grapo, el que llevaba desde 1965, y el que tenía la última palabra era él”, aseguró.

El fiscal encargado del caso, Daniel Campos, pide para cada uno de los acusados penas de 17 años de prisión al atribuirles delitos de estragos terroristas.

Los hechos se remontan al 29 de enero de 1998, cuando uno de los Grapo colocó en los servicios del restaurante Tamara, colindante con la empresa de trabajo temporal, un artefacto que hizo explosión a las 5.15 horas. La explosión provocó daños tasados en 191.773 euros.