En una rueda de prensa conjunta, el secretario general de FREM CCOO, Francisco García, anunció que su sindicato “llevará ante los tribunales esta orden, los reglamentos que la desarrollen y todas aquellas consecuencias que para el funcionamiento de los centros escolares acarree”.

Aseguró que, al sugerir que los profesores se encarguen de la vigilancia, la presidenta y la consejería demuestran “gran desprecio por la labor educativa del profesorado”, que durante ese tiempo tiene “su hora de dedicación exclusiva” para preparar “proyectos y reuniones, indispensables de cara al funcionamiento de los centros”.

Por ello, agregó, los profesores se concentrarán hoy a las puertas de sus centros educativos durante este período (de 13.00 a 15.00), a fin de protestar contra los recortes, el “desprecio de Aguirre” y la “trampa” de que a cambio de las becas para comedor que han desaparecido, se le hable a los padres de 'tuppers'”.

El secretario general de FETE-UGT Madrid, Eduardo Sabina, destacó que “se trata de un incumplimiento de la ley de seguridad alimentaria”, y apuntó que “los colegios no disponen ni de los microondas ni de los frigoríficos” necesarios.

“Si se produce alguna intoxicación durante el tiempo de comedor, se plantearía un problema gravísimo a los equipos directivos”, prosiguió Sabina, y afirmó que su sindicato estudia también si recurrir la medida.

El presidente de ANPE Madrid, Francisco Melcón, lamentó, a su vez, que esta orden “deja la pelota en manos de los consejos escolares”, y subrayó que si se empieza a plantear que “por qué no” pueden los profesores vigilar el recreo del comedor, también los médicos podrían “esterilizar ellos mismos el material y los jueces, por qué no, redactar sus autos en lugar del secretario judicial”.

ANPE y CSIF también se plantean la posibilidad de de denunciar esta orden.

MÁS DENUNCIAS

En su intervención, García adelantó que CCOO denunciará también los conciertos educativos con 11 colegios que segregan al alumnado por sexo en la Comunidad de Madrid, y añadió que demandará al Gobierno regional por la contratación de profesores nativos para los centros públicos bilingües al margen de las listas de interinos.

Según el presidente de CSIF Enseñanza Madrid, Antonio Martínez, estos profesores “han sido contratados a dedo, en algunos casos no manejan el castellano y no se ha respetado el sistema de listas de interionos”.

Si el Gobierno regional “sabe que esto está fuera de la ley, hay un nombre para ello”, afirmó.

A juicio de Alberto Carrillo, de la secretaría de STEM, esto responde “a una política determinada, tendente a convertir la enseñanza pública en algo residual” y que la Comunidad lleva a cabo “no a consecuencia de la crisis”, sino desde que en 2000 consiguió las competencias de educación.

Los cinco sindicatos participantes en la rueda de prensa se mostraron contrarios a esta medida, e instaron a toda la ciudadanía a unirse a las movilizaciones previstas para el 12 de septiembre y para finales de mes en contra de los recortes.

Según García, la Comunidad de Madrid concede 90 millones de euros en desgravaciones fiscales por compra de uniformes y otras ayudas a los colegios privados y concertados, y agregó que los 11 centros a los que antes aludió han recibido 75 millones de euros de la administración.

Con estos 165 millones que “podrían ahorrarse”, la presidenta evitaría “que este curso comience con 2.000 profesores menos, se reduzcan los grupos ordinarios (2%) y los de diversificación (5%); 8.000 alumnos se queden sin plaza en Formación Profesional; se pierdan horas de refuerzo, de educación compensatoria y de tutorías; se eliminen programas de biblioteca, desaparezcan las becas de comedor y las ayudas para libros escolares, etc.”.