El fiscal Pedro Rubira, encargado del recurso, argumenta en un documento de 28 folios, recogido por Servimedia, que el juez de Vigilancia Penitenciaria, José Luis de Castro, ha cometido varios defectos formales en el procedimiento.

En concreto, Rubira aduce que Castro no notificó a la Fiscalía los nuevos informes médicos recibidos, así como que el juez de Vigilancia Penitenciaria iba a visitar a Bolinaga en el Hospital Donostia, algo que tuvo lugar el pasado 28 de agosto.

El fiscal se queja de que se enteró de las diligencias practicadas por el juez "a través de la resolución judicial impugnada, sin que en ningún momento se le haya dado traslado del mismo, ni antes ni después del dictamen emitido, para valorar su contenido y su incidencia en la resolución final del expediente".

Incluso, critica abiertamente la "singular e inusual actuación judicial" del juez de Vigilancia Penitenciaria y lamenta que "no queda exclusivamente ahí", ya que fue a visitar al etarra al Hospital y no lo notificó hasta el día siguiente en falta de "suma gravedad" y "una irregularidad procesal claramente vulneradora del derecho constitucional a la tutela judicial efectiva".

Asimismo, cuestiona que los informes médicos sobre Uribetxeberria Bolinaga no pudieran ser puestos en contradicción con los forenses de la Audiencia Nacional, dado que los documentos contienen aseveraciones que considera inconcretas.

Entre ellas cita que auguran unas posibilidades de vida para el terrorista de unos nueve meses pero, en los informes que utiliza el juez, no se concreta si el pronóstico se hacen "con tratamiento médico o sin él".

El segundo gran argumento de la Fiscalía es que la vida de Uribetxeberria Bolinaga no corre peligro "inminente o patente" ya que "no se encuentra en fase terminal y únicamente presenta leves síntomas clínicos".

El fiscal reconoce que los informes hablan de un "deterioro progresivo" de la salud del paciente pero subraya que se debe a la "huelga de hambre" mantenida por voluntad propia y que, en cualquier caso, no presente "complicaciones severas hasta el momento".

Además, rechaza la concesión de la libertad condicional, a pesar de los requisitos impuestos por el juez, al entender que no se cumple el artículo 90.1.c del Código Penal que establece como requisito "el pronóstico favorable de reinserción social".

La Fiscalía denuncia que no hay muestras de arrepentimiento del etarra a pesar de que una sentencia del Tribunal Supremo de 1988 y un auto de la Audiencia Nacional de 1997 establecen que la libertad condicional exige un síntomo de querer reinsertarse incluso en los casos de personas que padezcan enfermedades incurables.

Este recurso de la Fiscalía se refiere al auto dictado el pasado jueves por el juez Castro, que dictó la libertad condicional del etarra Bolinaga por el cáncer incurable que padece.

El juez de Vigilancia Penitenciaria argumentaba "razones humanitarias y de dignidad personal", al tiempo que no atendía el criterio de la Fiscalía, en cuyo informe sobre el caso se mostraba contraria a aplicar esta medida al terrorista.

En su auto, Castro sostenía que todos los informes médicos que obran en la causa, a pesar de presentar "algunas contradicciones", coinciden en que el interno padece "una enfermedad grave e incurable" que tiene "muy mal pronóstico" y que su esperanza de vida oscilaría entre "los seis y los doce meses".