El Torneo del Toro de la Vega es un evento taurino que consiste en alancear a un toro hasta la muerte, después de que este haya sido liberado y trasladado a campo abierto. La festividad se celebra anualmente el segundo martes del mes de septiembre en la localidad vallisoletana de Tordesillas.

Según informó este jueves Pacma, el Decreto 14/1999 exige en su artículo 23 “dar muerte a las reses de lidia en instalaciones autorizadas al efecto, sin presencia de público”. Asimismo, el decreto también es claro en cuanto al trato que se debe dar al toro: “Queda prohibido herir, pinchar, golpear, sujetar o tratar de cualquier modo cruel a las reses”, algo que no se cumple en el Torneo del Toro de la Vega.

Según el decreto, el delegado territorial debe tener en su poder “una declaración del organizador del espectáculo asumiendo el compromiso de sacrificio de las reses en instalaciones autorizadas al efecto al finalizar el festejo o ciclo de festejos, fuera de la vista del público”.

La portavoz del Partido Animalista, Silvia Barquero, afirmó que “es literalmente imposible que los organizadores del Toro de la Vega cumplan con los requisitos exigidos en el Reglamento de Espectáculos Taurinos, pues el propio festejo es contrario a la normativa, por lo que exigimos al delegado territorial que, ajustándose a la ley, no conceda autorización al festejo”.

“Llevamos ocho años protestando por lo que consideramos una barbarie, que además es ilegal. Llegaremos hasta donde sea necesario para que los responsables políticos pongan punto y final al Toro de la Vega o asuman las consecuencias de no ajustarse a la ley”, añadió.

Barquero concluyó que “no encontramos ninguna excepción que pueda justificar el incumplimiento del Reglamento de Espectáculos Taurinos para que los lanceros maten al toro durante el encierro. Los documentos en los que se basa el Ayuntamiento de Tordesillas y el Patronato del Toro de la Vega, como organizadores, para defender jurídicamente el sangriento festejo se sustentan en la tradición y la costumbre, ignorando de manera flagrante la ley formal escrita que opera en Castilla y León”.