Firmado por las asociaciones representantes de los colectivos de inmigrantes latinoamericanos, del este de Europa y de Marruecos, y por la Confederación de Asociaciones Iberoamericanas, el texto expresa su inconformidad con dicha medida porque supone un retroceso en políticas migratorias y de derechos fundamentales.

“Vemos con suma gravedad las medidas aplicadas a los inmigrantes. Hay que recordar que nosotros también hemos contribuido al progreso cultural y económico de España”, aseguró el presidente de la Asociación Socio-cultural y de Cooperación al Desarrollo por Colombia e Iberoamérica (Aculco), Gustavo Ramírez.

En esa línea, la presidenta de honor del Voluntariado de Madres Dominicanas (Vomade), Bernarda Jiménez, añadió que “nosotros, los inmigrantes, también hemos hecho que España sea un país más tolerante y, por eso, de la misma forma en que hemos construido el país entre todos, ahora hay que defenderlo entre todos”.

Además de asociaciones de inmigrantes, al acto también acudió la responsable del Departamento Confederal de Migraciones de UGT, Ana María Corral, y el secretario de Relaciones Institucionales y Política Autonómica del PSOE, Antonio Hernando, quien aseguró estar estudiando la posibilidad de interponer un recurso de inconstitucionalidad contra esta medida, ya que “el cobro de los 700 euros y la retirada de la tarjeta sanitaria pueden provocar una situación muy peligrosa, y es que muchas personas no sepan qué va a pasar con su salud en un futuro”, al tiempo que consideró la propuesta del Gobierno como una medida “ineficaz, injusta e inmoral”

“Es ineficaz porque no creemos que vaya a ahorrar dinero, puesto que terminará colapsando las urgencias y generando un mayor coste; es injusta porque a estas personas se las va a abocar a una enfermedad si no se las atiende previamente, y es inmoral porque atenta a la dignidad de las personas”, manifestó.

Por su parte, Ana María Corral manifestó su preocupación, ya que “supone la laminación de todo el Estado de bienestar y de los derechos conseguidos en las últimas décadas”.

Asimismo, Gustavo Ramírez quiso recalcar que este recorte de derechos afecta a todos los ciudadanos y advirtió que “esta medida ahora va contra los inmigrantes 'sin papeles', pero después se aplicará a los regularizados y, por último, a los propios españoles”.

Por ello, todos los representantes hicieron un llamamiento a partidos políticos, sindicatos y a la población civil a que se “unan y nos apoyen para parar esta medida que vulnera seriamente la convivencia democrática y ciudadana en España”.