La citada plataforma hace esta consideración tras conocer la intención de Gallardón de suprimir de la Ley del Aborto la posibilidad de interrumpir un embarazo legalmente por que el feto tenga graves malformaciones, argumentando que de esta forma España cumple con lo establecido en la Convención de Discapacidad.

El citado tratado internacional señala en su artículo 10 que "los Estados parte reafirman el derecho inherente a la vida de todos los seres humanos y adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar el goce efectivo de ese derecho por las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás".

Para Mujeres ante el Congreso, este artículo no alude en modo alguno al aborto, sino que "protege el derecho a la vida de todas las personas, sin que la diversidad funcional o discapacidad pueda ser menoscabo para su defensa".

En la misma línea, prosigue la plataforma, el artículo 25 de la convención señala que los Estados parte "exigirán a los profesionales de la salud que presten a las personas con discapacidad atención de la misma calidad que a las demás personas sobre la base de un consentimiento libre e informado, entre otras formas mediante la sensibilización respecto de los derechos humanos, la dignidad, la autonomía y las necesidades" del colectivo.

De esta forma, la agrupación entiende que la convención no alude en ningún momento al aborto. "Por el contrario", dice, defiende en su artículo 23 el "derecho de las personas con discapacidad a decidir libremente y de manera responsable el número de hijos que quieren tener y el tiempo que debe transcurrir entre un nacimiento y otro".

Igualmente, añade la plataforma, el tratado de Naciones Unidas indica que personas con discapacidad deben "tener acceso a información, educación sobre reproducción y planificación familiar apropiados para su edad".

También hace una referencia el texto europeo a la situación de mayor discriminación, vulnerabilidad, violencia y abusos a mujeres y niñas y proclama la igualdad de oportunidades y la garantía y goce del ejercicio de los derechos humanos por parte de ellas, "lo que entra en contradicción con la decisión de Gallardón, de no derogar la posibilidad de esterilización forzosa a mujeres con discapacidad".

Por todo esto, Mujeres ante el Congreso considera que el titular de Justicia está haciendo un uso "malintencionado y cínico" de la Convención de la ONU sobre Discapacidad, "para provocar una polémica artificial y restringir el derecho de las mujeres a interrumpir voluntariamente su embarazo".