Sicre señaló en un comunicado que el establecimiento de un tributo que grave de un modo general e “indiscriminado” la producción de energía eólica podría solaparse, además de con el Impuesto sobre electricidad, con algunos impuestos autonómicos de carácter medioambiental que ya gravan la producción de energía eléctrica.

De esta forma, Sicre indicó que el impacto económico que tendría para el sector sería de unos 3.000 millones de euros, reduciría la rentabilidad de los parques un 30% y alrededor del 15% de las instalaciones en marcha no podrían hacer frente al pago del servicio de la deuda.

“Esto supondría ir contra la Ley del Sector Eléctrico, que deja muy claro que ha de respetarse el principio de rentabilidad razonable”, advirtió Sicre, que afirmó que “atentaría contra la seguridad jurídica porque supone romper las reglas del juego a mitad de partido, y supondría la quiebra definitiva de la confianza de los inversores, nacionales e internacionales”.

Asimismo, desde AEE destacaron que la eólica es la tecnología que soporta una mayor presión fiscal al hacer frente a los impuestos comunes a las demás tecnologías y a los cánones que se aplican en determinadas comunidades autónomas.

La presidenta de la AEE hizo hincapié en que España necesita “más que nunca” sectores productivos y creadores de empleo por lo que instó al Gobierno a “salvar a la eólica” ya que se trata de un sector que “ha crecido siempre de acuerdo a los objetivos, es un referente a nivel mundial, crea riqueza y empleo”.

En este sentido pidió al Gobierno que se replantee las medidas fiscales que estaría barajando, especialmente la tasa sobre la generación eólica, y advirtió de que en caso de seguir adelante, “el sector usará todas las vías legales a su alcance para luchar por su supervivencia”.

En la misma línea se pronunció hoy también el consejero delegado de la Asociación Eólica Europea (EWEA), Christian Kjaer, que instó al Gobierno a que reconsidere su postura y alertó de que el impuesto “representa una amenaza para la industria eólica europea” y “dañará a empresas eólicas españolas líderes mundiales y sentará un mal precedente para los gobierno de Europa”.