“No tomé medida alguna que afectase a la solvencia o liquidez de la CAM, no diseñé producto bancario que generase riesgo alguno y no modifiqué el sistema de retribuciones”, aseguró Amorós, según señalaron fuentes jurídicas, en su comparecencia como imputada ante el juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez.

La ex directora general de la CAM, imputada por delitos societarios, de estafa y de maquinación para alterar el precio de las cosas, afirmó asimismo que el sueldo de 593.000 euros que percibía anualmente le fue impuesto, como también sucedió con la pensión vitalicia de la que iba a disfrutar por 360.000 euros al año.

PRODUCTOS DE RIESGO

La comparencia, que se prolongó durante casi tres horas, también sirvió para que Amorós negara cualquier tipo de responsabilidad en dos de los productos mas controvertidos, las cuotas participativas y las preferentes, que provocaron pérdidas millonarias a los afectados por la gestión de la CAM.

La imputada dijo que estos productos se diseñaron antes de ser nombrada en el año 2010 directora general de la caja alicantina. Aún así, y a pesar de haber sido directora general adjunta desde el año 2001, dijo no saber quién ideó estos producto y quién ordenó su puesta en circulación.

Amorós dijo asimismo ser ajena al crédito de 1.200 millones que se concedió a la urbanización murciana Polaris World y en el que participó la caja alicantina. La imputada dijo en este sentido que no participaba en las operaciones de crédito.

La ex directora general explicó finalmente que decidió demandar a la entidad por despido improcedente para defender sus derechos laborales.

Las fuentes consultadas indicaron que Amorós señaló en un par de ocasiones al exdirector de Planificación y Control Teófilo Sogorb como el responsable de alguna de las irregularidades.

ACUSACIONES CRUZADAS

Se da la circunstancia de que Sogorb, en su declaración como imputado el pasado martes ante el magistrado, acusó a su vez a Amorós de haber sido la persona que ideó en 2008 el plan para captar liquidez a través de los clientes mediante productos financieros complejos, tales como las participaciones preferentes.

El expresidente del Consejo de Administración de la CAM, Modesto Crespo aseguró por su parte el pasado miércoles en su declaración como imputado ante el juez Gómez Bermúdez que se limitaba a realizar funciones “representativas”, tales como visitar al que fuera presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, o al obispo de Alicante.

Sobre las altas retribuciones que recibía Amorós, Crespo dijo que no puso objeciones por respeto a la igualdad de la mujer y para no marcar una diferencia salarial por razones de género.

El ex director general de Recursos de la caja alicantina Vicente Soriano también se desvinculó en su declaración de las irregularidades.

La declaración como del quinto imputado, el ex director general Roberto López Abad, prevista para este jueves, fue aplazada finalmente al 19 de julio a las 17.00 horas. IMPULSO A LA INSTRUCCIÓN

Gómez Bermúdez, antiguo presidente de la Audiencia Nacional, decidió el pasado 28 de junio citar a declarar a los cinco exdirectivos de la CAM. El magistrado, actual titular del Juzgado de Instrucción número 3, ha retomado la instrucción realizada por Fernando Grande-Marlaska, quien abrió diligencias contra los responsables de la entidad bancaria en noviembre de 2011 al admitir la denuncia presentada por cerca de 500 afectados por las participaciones preferentes.

La CAM fue intervenida en julio de 2011 por el Banco de España tras admitir unas pérdidas de 1.136 millones de euros. Tres meses antes, en marzo, la entidad había anunciado unos beneficios de 38,9 millones de euros.

Los directivos fueron sustituidos y el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) tuvo que inyectar un total de 2.800 millones de euros. Tras la intervención se destaparon diversas irregularidades, como la concesión de pensiones vitalicias para la cúpula directiva.