Crespo, en su declaración ante el juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez, que duró algo más de una hora, se desvinculó de las irregularidades de la caja alicantina afirmando que era ajeno a las funciones ejecutivas, según señalaron fuentes jurídicas.

El expresidente indició en este sentido que la responsabilidad de la gestión de la entidad era del Consejo de Administración y, en particular, de los que fueron directores generales, Roberto López Abad y María Dolores Amarós.

El imputado reiteró a preguntas del juez Gómez Bermúdez que sus funciones eran meramente “representativas”, siendo una especia de mediador entre la caja, las administraciones públicas y los empresarios.

También aseguró que por su trabajo en la CAM no recibía ningún sueldo, aunque reconoció que percibía en torno a 300.000 euros al año en dietas.

IGUALDAD DE LA MUJER

Sobre las altas retribuciones que recibía Amorós, el que fuera presidente del Consejo de Administración dijo que no puso objeciones por respeto a la igualdad de la mujer y para no marcar una diferencia salarial por razones de género.

La legislación otorgaba a Crespo, como presidente, la “fijación de retribuciones del personal directivo de la entidad”.

Las fuentes consultadas señalaron que la declaración como imputado del ex director general Roberto López Abad, prevista para mañana, jueves, se ha aplazado finalmente al 19 de julio a las 17.00 horas. Amorós, por su parte, deberá comparecer en la Audiencia Nacional el viernes, también en calidad de imputada.

El juez Gómez Bermúdez interrogó este martes al ex director general de Recursos de la caja alicantina Vicente Soriano y al exdirector de Planificación y Control Teófilo Sogorb.

RESPONSABILIDAD DE AMORÓS

Sogorb, en su declaración como imputado ayer ante el magistrado, acusó a la última directora general de la caja, María Dolores Amorós, de haber sido la persona que ideó en 2008 el plan para captar liquidez a través de los clientes mediante productos financieros complejos, tales como las participaciones preferentes.

El objetivo era captar de pequeños accionistas el crédito que la CAM no podía obtener ya de los mercados financieros.

Soriano, por su parte, dijo desconocer el crédito de 1.200 millones que se concedió a la urbanización Polaris World y en el que participó la caja alicantina.

Los cinco directivos de la CAM citados ante el juez de instrucción de la Audiencia Nacional están imputados por delitos societarios, de estafa y de maquinación para alterar el precio de las cosas.

Está previsto que la Plataforma CAM, querellante en el caso y representada por el abogado Diego de Ramón, solicite el ingreso en prisión preventiva para la antigua cúpula de la CAM bajo fianza solidaria de 12 millones entre los cinco imputados.

IMPULSO A LA INSTRUCCIÓN

Gómez Bermúdez, antiguo presidente de la Audiencia Nacional, decidió el pasado 28 de junio citar a declarar a los cinco exdirectivos de la CAM. El magistrado, actual titular del Juzgado de Instrucción número 3, ha retomado la instrucción realizada por Fernando Grande-Marlaska, quien abrió diligencias contra los responsables de la entidad bancaria en noviembre de 2011 al admitir la denuncia presentada por cerca de 500 afectados por las participaciones preferentes.

La CAM fue intervenida en julio de 2011 por el Banco de España tras admitir unas pérdidas de 1.136 millones de euros. Tres meses antes, en marzo, la entidad había anunciado unos beneficios de 38,9 millones de euros.

Los directivos fueron sustituidos y el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) tuvo que inyectar un total de 2.800 millones de euros. Tras la intervención se destaparon diversas irregularidades, como la concesión de pensiones vitalicias para la cúpula directiva.