Esta paralización, según CCOO es una "doble irresponsabilidad. En primer lugar con las personas, al negarles un derecho que tienen reconocido; y en segundo lugar con el empleo, al impedir que puedan crearse 150.000 nuevos puestos de trabajo".

Asimismo, CCOO también está en contra del copago que deberá abonar el dependiente, la reducción del número de horas a dispensar por el servicio de ayuda a domicilio, la disminución de las cuantías de las prestaciones económicas para el cuidado familiar y el endurecimiento indiscriminadamente los requisitos para acceder a ellas.

"Es social y económicamente injusto, que rentas modestas se igualen con rentas y patrimonios altos a la hora de pagar el máximo establecido, es decir el 90% del coste de los servicios", afirmó el sindicato.

"Es inadmisible que personas que dispongan de una pensión de 600 euros y residan en una vivienda de su propiedad con un valor catastral medio, tengan que pagar por una plaza residencial un importe muy superior al monto de su propia pensión y por tanto inaccesible", agregó CCOO.