En este sentido, platea unas medidas dirigidas, por un lado, a la modificación de la Ley de Infracciones y Sanciones en el orden social para tipificar como infracción “muy grave” el incumplimiento de la obligación de cubrir la cuota de reserva de empleo de personas con discapacidad. Por lo que, se pasaría de una sanción de los 6.251 euros a los 187.515 euros.

Además, según indica, esto conllevaría que se aplique la sanción accesoria prevista en esta Ley, es decir, la pérdida automática de las ayudas, bonificaciones y, en general, de los beneficios derivados de la aplicación de los programas de empleo, con efectos desde la fecha en que se cometió la infracción y la exclusión del acceso a tales beneficios por un periodo máximo de un año.

Por otra parte, el Comité propone unas medidas para reforzar las sanciones por no cumplir la obligación de mantener la cuota de empleo del 2%, vinculando esta obligación a la contratación pública.

En este sentido, el Comité plantea que los órganos de contratación administrativa exijan la acreditación del cumplimiento de esta norma, así como de las normas de garantía de calidad y gestión medioambiental. Para el Cermi, la administración "no debe tener contrato alguno con quien infringe la regulación legal vigente y aplicable".

Asimismo, también considera "importante" excluir del acceso a las subvenciones públicas o ayudas de cualquier tipo a las personas físicas o jurídicas que incumplen las normas que favorecen a las personas con discapacidad o que realizan actos discriminatorios o contrarios a la dignidad de las personas.

Así, explica que, además, la Ley de Infracciones y Sanciones de Orden Social tipifica y califica como "muy graves" o "graves" estas conductas discriminatorias.

"Sería una burla a las leyes que sujetos, personas físicas o jurídicas, que han sido condenados por vía penal o sancionados en vía administrativa por conductas tan graves, obtengan beneficios o subvenciones", añade el Cermi. Para el Comité, "desde los poderes públicos no se puede favorecer a quienes incumplen obligaciones generales dirigidas a favorecer a grupos vulnerables".

Por ello, el Cermi expone que la obtención de cualquier subvención pública debería estar condicionada a que la empresa acredite el cumplimiento de la obligación de reservar un 2% de los puestos a personas con discapacidad, según establece la Lismi. Así, propone que se incluya esta obligación en la Ley General de Subvenciones.