Según señala el último número del boletín electrónico 'cermi.es', un estudio encargado por la Comisión Europea indica que el empleo con apoyo debería ser una oferta más dentro del sistema de empleo público, basado además en la flexibilidad y la seguridad.

“El hecho de que la Comisión Europea haya encargado este estudio refleja el interés y la apuesta decidida por el empleo con apoyo, como herramienta de acceso al mercado abierto de trabajo para las personas con discapacidad o en riesgo de exclusión social”, afirma María Luisa Arenas Ortega, presidenta de AESE.

Este estudio expone un mapa del empleo con apoyo con el fin de elaborar una serie de recomendaciones para todos los países miembro de la UE y fomentar la inserción laboral de las personas con discapacidad en el mercado abierto de trabajo mediante este sistema.

Y los más destacado del estudio, según la responsable de AESE, son las recomendaciones que realiza: “Tanto a los gobiernos nacionales como a las entidades con Servicios de Empleo con Apoyo, para que refuercen este sistema y lo utilicen en el cumplimiento de los objetivos del artículo 27 de la Convención de la ONU para las personas con discapacidad”.

Dicho artículo se expresa así: “Los Estados partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a trabajar, en igualdad de condiciones con las demás; ello incluye el derecho a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido o aceptado en un mercado y un entorno laborales que sean abiertos, inclusivos y accesibles a las personas con discapacidad.”

Otro de los términos a los que el estudio hace especial referencia es el de la ‘flexicurity’, definido como: “Estrategia que permite fomentar la flexibilidad del mercado laboral, las relaciones laborales y las organizaciones del trabajo para que los grupos en desventaja social no se queden fuera del mercado laboral”. Fomentar las oportunidades de empleo de los grupos en desventaja consiguiendo un mercado laboral más flexible.

PRINCIPALES OBSERVACIONES

El mapa que ha elaborado este estudio se compone de 30 países, aunque se han analizado especialmente seis de ellos, que son España, Austria, Noruega, República Checa, Suecia y Reino Unido.

Y lo primero que concluyen es que el empleo con apoyo tiene unas pautas comunes en todos los países, como son el perfil de los candidatos, los incentivos, la organización de los servicios, etc., aunque le expresión ‘empleo con apoyo’ se utiliza en prácticas diferentes, según el país.

En segundo lugar, se destaca la ausencia de un marco legal. En Austria, Noruega y Suecia se han desarrollado marcos legales y guías de buenas prácticas que han dado lugar a la creación de los servicios. En España, Reino Unido y República Checa, es al revés, a partir de la necesidad se han creado los servicios y posteriormente se han desarrollado algunos marcos legales.

En este sentido, el estudio entiende que la situación no es la deseable, ya que si no existe un marco legal los proyectos tienden a ser inestables y con poca continuidad, lo que hace que en muchos países todavía el empleo con apoyo sea considerado como proyectos pilotos o acciones puntuales, a pesar de que llevan implantado mucho tiempo.

En España a principios de los 90 empiezan a desarrollarse los primeros proyectos de Empleo con Apoyo en Cataluña y las Islas Baleares, y poco a poco, el sistema empieza a extenderse a otras comunidades autónomas.

María Luisa Arenas explica cómo continuó el proceso: “La AESE se constituye en 1993 y a partir de ese momento el sistema empieza a crecer y a difundirse, pero sin un marco legal común para todos, de ahí que se vayan desarrollando proyectos de distinta manera en cada comunidad autónoma, lo que ha generado proyectos islas y desigualdad en la financiación; de forma que una persona que ha nacido en Cataluña tiene más opciones de acceder a este sistema que una persona que ha nacido en Castilla y León, ya que la Generalitat ha desarrollado su propio marco para los programas de empleo con apoyo".

"En 2007", agrega, "se intenta regular con un marco legal a nivel nacional y aparece el Real Decreto 870/2007 que regula el Empleo con Apoyo; este texto ha contribuido a empeorar la situación de este sistema, ya que no recoge las actuaciones en todas las fases de la metodología, exige la presentación de acciones a futuribles y está sujeto a la disponibilidad de los fondos, es decir, un texto que está muy lejos de dar estabilidad al sistema y considerarlo con el mismo estatus que otras políticas de inserción laboral”.

CUESTIONES PENDIENTES

Otro de los aspectos que valora negativamente el estudio es el de la financiación, o mejor dicho, su ausencia. En la mayoría de los países estudiados la financiación es inestable e impredecible. Según el estudio, la financiación no fija puede ser válida para la fase inicial de puesta en marcha del Servicio de Empleo con Apoyo, pero luego, se requiere de una institucionalización para que el servicio pueda fortalecerse y seguir creciendo, convirtiéndose de esta manera en un proyecto sólido y no en un proyecto piloto año tras año.

En este aspecto, desde AESE tienen claro el ejemplo a seguir: “El sistema de financiación de Austria destina al empleo con apoyo las tasas que pagan las empresas por no cumplir con la cuota de contratación de personas con discapacidad en sus plantillas”.

Como observación de interés, el estudio destaca la falta de supervisión y estadísticas. En la mayoría de los países estudiados, no se han encontrado datos estadísticos fiables con los que se puedan evaluar la exacta necesidad y el impacto del Empleo con Apoyo.

En AESE se hacen eco también de esta importante carencia: “El no disponer de datos fiables hace que no podamos medir el impacto del sistema en las cifras de inserciones laborales y demostrar su potencialidad. La AESE engloba a 74 entidades con Servicios de Empleo con Apoyo, en todo el territorio nacional, pero sabemos de muchas más entidades, no socias, que también utilizan este sistema para fomentar la inserción laboral de sus usuarios, por lo que los datos de las entidades AESE sería una muestra representativa y no completa”.

En quinto lugar, pero no menos importante, se concluye que la organización de este sistema debe mejorar, que la mayoría de personas con discapacidad en búsqueda de empleo no utilizan el Servicio Público de Empleo nacional para encontrar un trabajo, tienen que recurrir a agencias externas, normalmente ONG y otras entidades, lo que indica que las personas con discapacidad en búsqueda de empleo no son consideradas en las mismas condiciones de igualdad que el resto de la población que si que tiene acceso a los Servicios Públicos de Empleo, lo que da lugar a diferencias entre las poblaciones o territorios de cara al acceso en igualdad de condiciones y oportunidades a un puesto de trabajo.

Y, finalmente, al tratar el tema de los incentivos, común en muchos países, se destaca el hecho de que, en el momento en que comienza a trabajar, la persona con discapacidad deja de recibir la pensión no contributiva.

Este hecho supone una preocupación para estas personas, ya que recuperar esa pensión en caso de perder el trabajo puede ser costoso. Por ello, es necesario agilizar y tener muy claro la tramitación de estas situaciones de empleo y desempleo, ya que esta cuestión influye en la motivación para demandar un empleo. Este problema es común a todos los países, excepto la República Checa.

RECOMENDACIONES A LOS GOBIERNOS

Partiendo de este análisis, el estudio elabora una serie de recomendaciones para los Gobiernos Nacionales, comenzando con una prioridad que forma parte de la filosofía de este sistema, así, el estudio recomienda el acercamiento de los recursos, es decir, considerar a las personas con discapacidad como buscadores de empleo dentro del Sistema de Empleo Público.

Continúa con otro aspecto de vital importancia, como es la igualdad de acceso para todos, en términos geográficos y por colectivos. Y, por supuesto, reclama un marco legal que no solo permita sino también insista en los derechos de todos los ciudadanos para participar en el mercado laboral abierto, y que sea, preferiblemente de ámbito nacional. Un marco legal nacional asegurará un igual acceso para todos, en oposición a los 'proyectos islas' que puede que sean buenos pero a menudo no cubre a todos y tienen una naturaleza ad-hoc.

En el caso de España, la AESE considera que “es necesario que el Gobierno español y las entidades que representan a las personas con discapacidad se posicionen claramente a favor de la inserción laboral de las personas con discapacidad en las empresas del mercado laboral abierto y que lo demuestren con hechos, empezando por modificar y adecuar el Real Decreto 870/2007 para dar estabilidad y oportunidades de ir creciendo a los servicios”.

AESE participa en la Comisión de Empleo y Formación del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), donde se creó una subcomisión para elaborar una propuesta conjunta de modificación del Real Decreto 870/2007. Todos los miembros de Cermi que participaron en la subcomisión estaban de acuerdo en la propuesta que se presentó, y que aparece al final de este reportaje.

En cuanto a la estructura y organización, el estudio recomienda que el empleo con apoyo esté ubicado dentro del Ministerio de Trabajo, para asegurar el énfasis en el empleo más que en cualquier otra actividad. Más allá, debería ser implementado bajo la responsabilidad del Servicio Público de Empleo, y la ejecución se llevaría por parte de agencias públicas o privadas.

Además, emplaza a los gobiernos a definir y aclarar el papel del preparador laboral, asegurando que es la clave en conseguir un mercado de trabajo flexible y transparente – un nexo de unión entre la oferta y la demanda. Es importante asegurar que tienen los cursos que le certifican como preparador, una preparación sistemática y que están permanentemente actualizándose como preparadores. La titulación debería ser protegida con el objeto de asegurar la calidad de los servicios.

También destaca la importancia de la financiación como mayor garantía para el empleo con apoyo, las estadísticas y datos cuantitativos, para mejorar la supervisión del sistema, e introduce el concepto de ‘flexicurity’, en referencia al equilibrio entre flexibilidad y seguridad, lo que se consigue a través de un marco legal.

RECOMENDACIONES PARA LA UE

La UE juega un importante papel en facilitar el empleo con apoyo a través del Fondo Social Europeo y debería continuar promocionando estos proyectos pero con una mejor supervisión y control de datos por parte de los Estados miembro, esto significa una recogida de datos del empleo con apoyo en cada país y la publicación regular de estadísticas a lo largo de Europa, como por ejemplo, un informe de supervisión mensual.

Asimismo, podría ser el anfitrión o iniciar una red de trabajo para intercambio de conocimiento y mejores prácticas en el empleo con apoyo. Un propósito de esa red de trabajo podría ser adaptar conceptos comunes, definiciones y la comprensión del empleo con apoyo.

Otra iniciativa pasaría por recoger y distribuir buenas prácticas y experiencias positivas a través de los canales existentes. Esto podría incluir la recogida y distribución de material de formación relativo a la metodología del empleo con apoyo.

Al mismo tiempo, podría promover y/o financiar la creación de un grupo de inspectores del empleo con apoyo para trabajar proactivamente recogiendo información y conocimiento sobre el empleo con apoyo en cada país.

AESE Y EL ESTUDIO

Además de destacar la importancia del hecho en sí, como es la elaboración de este estudio, AESE puntualiza una serie de aspectos que considera importante destacar.

En primer lugar, asegura que están de acuerdo en casi todo lo reflejado en el estudio, excepto una cuestión, la relativa a la poca claridad en la definición del empleo con apoyo y las acciones que se incluyen y que varían según cada país.

“En AESE tenemos muy claro lo que es el empleo con apoyo y qué acciones son las correctas. Pertenecemos desde su creación a la EUSE (Unión Europea de Empleo con Apoyo), actualmente ostentamos la Vicepresidencia. La EUSE, formada por 19 países de la Unión Europea, tiene establecidos los estándares de calidad y buenas prácticas de este sistema. La EUSE en 2009 elabora la Caja de Herramientas de la EUSE para la práctica del empleo con apoyo, con el objetivo de servir de guía a los profesionales que ponen en práctica este sistema y de unificar criterios de igualdad y calidad en todos los países miembros. Este documento es de libre difusión y está en AESE a disposición de todo el que lo quiera solicitar”, asegura la responsable de la asociación.

“Para nosotros", añade, "es de vital importancia vigilar el adecuado uso y puesta en práctica de este sistema, así como de ofrecer formación específica a los profesionales, tal y como venimos haciendo, a través del curso de formación básico de Empleo con Apoyo, del que llevamos 12 promociones y de los distintos encuentros formativos que realizamos anualmente, ya que somos conscientes de la falta de formación específica. Además, ofrecemos asesoramiento a toda persona interesada en el sistema, para que lo implante o ponga en práctica según la calidad desarrollada por la EUSE”.

Otra particularidad de España está relacionada con las desigualdades entre las comunidades autónomas, como explica AESE. No obstante, María Luisa Arenas indica que la situación va cambiando.

“Por desgracia", dice, "a día de hoy, ya no existen desigualdades, la situación es la misma en todas las comunidades, todas sin financiación para 2012, ya que el Real Decreto está sujeto a la disponibilidad de los fondos y con la situación de crisis, no hay fondos en ninguna comunidad autónoma. A esto le sumamos la retirada del Fondo Social Europeo en territorios como Valencia, Murcia, Canarias, Castilla y León, en los cuales la orden de financiación del empleo con apoyo se realizaba en gran parte con cargo a estos fondos, ya desaparecidos”.

Y como conclusión final, en AESE creen que es más necesario reforzar el papel del Ministerio de Trabajo y del Servicio Público de Empleo que el de las entidades que gestionan este sistema: “Ya que es un deber de la Administración Pública garantizar el derecho al trabajo de las personas con discapacidad, fomentando en igualdad de condiciones las distintas vías de inserción laboral, tanto en el empleo ordinario como en el protegido”.

España, tan avanzada en algunas cuestiones legales en torno a la discapacidad, debe avanzar más en el empleo con apoyo. Quizás sea una cuestión de cambio de mentalidad y cambio generacional, como opinan en AESE, y afirman: “El empleo con apoyo no es sólo una fórmula de inserción laboral, representa una filosofía y una forma de ver la discapacidad, considerando a la persona como el motor principal del sistema, con procesos individualizados en función de unas necesidades particulares de apoyos, del trabajo en los entornos comunitarios y del fomento de la autodeterminación y vida independiente”.

A su juicio, España sigue aún la estela de una visión asistencial y dependiente de la discapacidad, a pesar de los avances que se han producido en estos años: “Nuestras leyes amparan y sobre todo financian un modelo basado en las pensiones y subsidios, el fomento de los centros de ocupación y el empleo protegido, creando una zona de confort en la que viven usuarios y familias y que es difícil de romper hacia algo desconocido como es el empleo en la empresa ordinaria o el riesgo en la toma de decisiones, con sus aciertos y fracasos en el área de la autodeterminación y vida independiente”.

A pesar de ello, el interés por el sistema va en aumento cada año, tal y como evidencia el servicio de información y asesoramiento de AESE, en el que cada vez reciben más consultas interesándose por el sistema, notando un aumento en las consultas de entidades latinoamericanas, donde el sistema crece de una forma acelerada con iniciativas en países como Argentina, Chile, Venezuela o Colombia.

Lógicamente, sentencian en AESE, al hecho de cambiar mentalidades va unido el de disponer de una financiación sólida y permanente que fomente el crecimiento de los Servicios de Empleo con Apoyo y asegure el compromiso adquirido de dar apoyos a los usuarios, sus familias y los empresarios y al fomento del concepto de ‘flexicurity’ en el mercado laboral español.

PROPUESTAS DEL CERMI PARA LA MODIFICACIÓN DEL REAL DECRETO DE EMPLEO CON APOYO

1.- Que se contemple una definición adecuada, así como todas las acciones que se realizan por los profesionales de los Servicios de Empleo con Apoyo.

2.- Subvencionar las acciones de seguimiento y mantenimiento del puesto de trabajo durante toda la vida del contrato de trabajo, asegurando el apoyo ante cualquier cambio o situación que se produzca en la persona o en la organización de la empresa, que pueda poner en peligro el mantenimiento de ese puesto de trabajo.

3.- Incluir en los contratos subvencionables los de 3 meses de duración, dando así, oportunidades para poder conseguir contratos posteriores de mayor duración.

4.- Que se puedan subvencionar los contratos con una jornada laboral, a partir de 2 horas de duración, para dar las mismas oportunidades a las personas con mayores necesidades de apoyo, especialmente personas con TEA.

5.- Que la subvención se dé en función de los contratos presentados, independientemente si una persona ha tenido dos contratos distintos en un mismo año, ya que tanto uno como otro han necesitado de apoyos.

6.- Que se suprima el tiempo límite para la subvención de los contratos. Siendo un contrato subvencionable mientras el contrato esté en vigor. Considerándolo de nueva creación el primer año y luego pasando a obtener la subvención por apoyos de mantenimiento.

7.- Que la línea de subvención no esté sujeta a disponibilidad presupuestaria, para que los Servicios de Empleo con Apoyo puedan comprometerse y garantizar tanto al trabajador como al empresario, el establecimiento o restablecimiento de los apoyos necesarios en el momento que se detecte esta necesidad.