Fue el pasado 20 de junio cuando la Comisión Constitucional aprobó, con el único voto en contra de Amaiur, el citado dictamen, que hoy se vota antes de su remisión al Senado.

Lo que ha estudiado la ponencia de la que ha salido el dictamen es el proyecto de ley del Gobierno para reducir un 20 por ciento la financiación pública de los partidos políticos, recorte que también será aplicable a las fundaciones vinculadas a las formaciones políticas.

Entre otras cosas, el dictamen propone que los partidos envíen todos los años al Tribunal de Cuentas un informe relativo a su financiación privada. Deberán notificar a dicho órgano las donaciones recibidas superiores a 50.000 euros y las de bienes inmuebles

Además, tendrán que publicar sus cuentas y aportar información, por ejemplo, sobre los créditos que han pedido y a qué entidades financieras.

El portavoz del PSOE, José Ignacio Sánchez Amor, expresó su apoyo a un modelo de financiación transparente, pero manifestó su inquietud por que el Gobierno y el PP quiera una "involución" hacia un modelo de financiación "privada" utilizando "la crisis como coartada para un interés ideológico".

Los socialistas están preocupados por el "debilitamiento progresivo" de la imagen de los políticos, de los partidos y, por fin, de las instituciones.

"Se nos pide resistencia frente al poder del dinero", destacó Sánchez, "pero al mismo tiempo se nos debilita y se debilita la autonomía de la política" ampliando el espacio para "los que tienen el poder del dinero" y estrechándolo para los que se dedican a lo público.

Para ilustrar los peligros que invocaba, el diputado socialista recordó que la servidumbre de la política al dinero queda en eviencia cuando "viene un millonario americano, pone su dinero encima de la mesa" y le decimos que "es posible cambiar la ley" para instalar, por ejemplo, un Eurovegas en España.

Esta preocupación por el peso de la financiación privada también fue compartida por el diputado de La Izquierda Plural Ricardo Sixto, quien

se mostró inquieto por la "profunda desconfianza" que es ha instalado en la sociedad hacia los políticos.

La financiación pública es esencial para preservar el juego democrático porque una financiación privada supone "reglas de juego desiguales" y evitar que quien más dinero tenga, más política pueda hacer.

Sixto anunció que su formación mantendrá una enmienda en el Senado para el "reparto más equitativo de las subvenciones", de manera que el criterio básico para su concesión seán los votos y no la representación institucional lograda por los partidos. Además, defendió la aplicación de las mismas limitaciones de financiación a las fundaciones vinculadas a los partidos.

La Izquierda Pluaral espera, en definitiva, que esta ley "no se utilice como arma rrojadiza contra los partidos que no están en el Gobierno", que será el encargado de fijar las subvenciones anuales a falta de una cláusula de actualización.

ACTUALIZACIÓN

Aitor Esteban, en nombre del PNV, criticó que el proyecto fuera aprobado por el Gobierno sin consenso pero, sobre todo, se mostró contrario a la cláusula que suspende la actualización anual de las subvenciones.

En concreto, el PNV, aboga por buscar una fórmula de actualización de esas subvenciones que esté en consonancia con la situación económica del país y que pueda aumentar o reducir esa financiación con periodicidad anual.

Jordi Jané, que fijó la posición de CiU, coincidió con él en reclamar una "fórmula flexible" que permita ajustar las subvenciones al crecimiento o decrecimiento del PIB. Convergència, a diferencia del PNV, no tenía ninguna enmienda en ese sentido.

Para Rosa Díez, portavoz de UPyD, ésta es una "buena reforma de la financiación" que promueve la transparencia y puede acabar con "abusos como las condonaciones financieras".

El portavoz de Amaiur, Sabino Cuadra, defendió una enmienda para que los salarios de los respresentantes públicos no excedan del triple del Salario Mínimo Interprofesional, lo que constituiría un "estímulo" para que los políticos suban el "vergonzoso" salario de referencia en España.

Por su parte, el portavoz de ERC, Alfred Bosch, abogó por una propuesta para que los partidos pasen a ser responsables subsidiarios en caso de que un cargo público electo en sus listas o nombrado por ellos incurra en algún delito de corrupción. "No puede ser que, en caso de insolvencia, lo tenga que pagar la sociedad entera", aseveró.

En nombre del PP, José Antonio Bermúdez de Castro destacó las "muchas mejoras" que se han incorporado al texto. "La principal filosofía de la reforma es la ejemplaridad", dijo, y no cambiar el modelo de financiación "para primar la privada".

"Creemos en un modelo mixto", afirmó, con financiación "privada procedente de afiliados, particulares y empresas, libres y voluntarias, señor Cuadra, y una pública, que responda al sistema electoral".

Respondió también a la demanda del PNV y CiU sobre las fórmulas de actualización que, a su juicio, debe quedar condicionada a la marcha de la economía. "En este momento, antes de mirarnos entre nosotros tenemos que aprender a escuchar y entender a los ciudadanos, ni podemos ni debemos garantizarnos más de lo que tiene garantizado el conjunto de la sociedad, por eso no se incluye una cláusula de revalorización anual de ingresos. No podemos pedir esfuerzos a la gente si antes no hemos sido capaces de hacerlos nosotros", concluyó.