El portavoz de JpD, Joaquim Bosch, dijo a Servimedia que la propuesta de Aguirre, planteada tras la sentencia del Constitucional que legalizó Sortu, “no tiene el menor fundamento jurídico”, y que la existencia de este tribunal “no puede estar al arbitrio del mayor agrado o desagrado con que un político juzgue sus resoluciones judiciales”.

A juicio de este portavoz, lo planteado por la presidenta madrileña sólo puede justificarse por que hay sentencias del Constitucional que no le “gustan”, como la referida a la legalización de Sortu.

Este representante de JpD añadió que, para su asociación, la actual “configuración institucional” de España “es ajustada a lo que necesita nuestra sociedad”. A juicio de este portavoz, “el Constitucional, a lo largo de su historia, se ha consolidado como un órgano de gran solvencia jurídica y ha resuelto asuntos de repercusiones importantes en materia de derechos fundamentales”.