En concreto, la proposición de ley orgánica que el Grupo Parlamentario Catalán ha presentado en el Congreso de los Diputados aboga por modificar la Ley Orgánica de Educación (LOE), que es la que regula este tipo de ayudas.

El portavoz de Educación de CiU, Martí Barberà, explica que tal y como están configuradas estas ayudas en la actualidad, sólo se valora si el alumno en cuestión se ve obligado a desplazarse a un municipio distinto del que vive para ir a la escuela, o la carencia de transporte público y comunicaciones, independientemente de los recursos económicos con los que cuenta el núcleo familiar perceptor de estas ayudas.

"Dada la situación actual de austeridad", argumenta, "sería conveniente valorar la renta familiar a la hora de dar estas ayudas", porque, prosigue, "el criterio de justicia social pasa por introducir criterios de renta".

A su parecer, para la concesión de becas de transporte y comedor, los criterios más "adecuados" que habrían de tenerse en cuenta serían el nivel de renta y la distancia, entre otros.

Por todo esto, CiU propone eliminar el carácter básico que concede la Ley Orgánica de Educación a estas ayudas, para "ser más justos a la hora de repartir estos recursos", y que sean las comunidades autónomas las que determinen, en función de su situación y necesidades reales, el criterio que se ha de seguir a la hora de conceder estas prestaciones.

Concretamente, el Grupo Parlamentario Catalán pide que se modifique la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, para excluir del carácter básico el apartado 2 del artículo 82.