AUGC, a través de un comunicado, rechazaba así que la consejera de Presidencia de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, haya acusado a los autores del informe de la Guardia Civil de plantear "suposiciones y sospechas impropias porque no se sustentan en ningún medio probatorio".

El informe de los agentes del Instituto Armado asegura que de las irregularidades sobre los EREs estaban al tanto responsables públicos como el exconsejero Gaspar Zarrías; los exconsejeros de empleo José Antonio Viera y Antonio Fernández; así como sus viceconsejeros y tres sucesivos directores generales de Trabajo.

A este respecto, la AUGC aseguró que “no tolerará que se utilice el trabajo de los hombres y mujeres de la Guardia Civil para intereses partidistas de ninguna clase”.

Esta asociación añadió que el informe sobre los EREs fue encargado por la autoridad judicial. Este colectivo de la Benemérita añadió que “las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad no están para servir a ningún partido político, sino para servir a la sociedad con profesionalidad y con las normas que marca el Estado de derecho”.

Por este motivo, exigió “respeto para un trabajo que se hace desde la honradez y que debe ser realizado sin trabas ni presiones políticas”.