Galán está imputado en esta causa desde el pasado mes de junio, pero hasta el momento no había sido llamado a declarar. La instrucción recibirá un impulso en esa tercera semana de enero en la que también está llamado a declarar el exjefe del área de Negocios de la compañía eléctrica, Francisco Martínez Córcoles, y el que fuera jefe del gabinete de la presidencia de Iberdola, Rafael Orbegozo. Finalmente, el 20 de enero tendrá que comparecer Iberdrola Renovables, como persona jurídica.

Los citados están investigados por los contratos suscritos entre 2004 y 2017 con la empresa del comisario jubilado José Manuel Villarejo (Cenyt) que supusieron el pago de alrededor de 1,1 millones de euros. El juez les investiga por delito continuado de cohecho activo, delito contra la intimidad y falsedad en documento mercantil.

La fecha de estas declaraciones se ha fijado después de que la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional respaldara la decisión del instructor del ‘caso Villarejo’, Manuel García Castellón, de imputar a Iberdrola Renovables. Todos ellos tendrán que responder de la manipulación de factura para ocultar las actividades que en realidad se estaban pagando. Este extremo ya fue reconocido por el que fuera jefe de Seguridad de la eléctrica Antonio Asenjo, que fue el quien recomendó la contratación de Cenyt.

Los citados tendrán que dar cuenta del llamado ‘proyecto Arrow’ desarrollado entre 2004 y 2006 para remover los obstáculos para la construcción de una central de ciclo combinado en Arcos de la Frontera. En ese momento, Galán era vicepresidente de la compañía, Becker era director de recursos humanos y Cócoles, director de generación. Villarejo era policía en activo.

Las facturas por esos trabajos fueron emitidas por Castellana de Seguridad S.A. (Casesa), que trabajaba para Iberdrola, por lo que el juez cree que hubo una intención deliberada de ocultar la relación comercial con la empresa de Villarejo. Según la investigación de la eléctrica sobre el asunto, no hay datos que avalen que los pagos se hicieran al comisario, pero los informes de la Agencia Tributaria indican que Casesa pagó a Villarejo más de 407.000 euros sólo en el año 2004.

A este caso se suman los proyectos ‘Black Board’, por el que se investigó al presidente de Endesa Manuel Pizarro por ser competidor de Ibedrola; el proyecto ‘Gipsy’ para comprobar si el director de servicios generales del Iberdrola José María Álvarez Vázquez cobraba comisiones por contratar los servicios de la empresa de Francisco Julián Gutiérrez Santiago; el proyecto ‘Posy’, de espionaje a Florentino Pérez, presidente de ACS; y el proyecto ‘Wind’, para investigar a un socio de Iberdrola Renovables.

En las últimas semanas Galán ha intentado apuntalar su defensa con la presentación de un recurso en contra de la negativa del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional a investigar el presunto espionaje de Villarejo contra él.

Su pretensión es presentarse a la declaración como víctima y no como responsable de esas actividades ilícitas. Su recurso se sustentaba en las anotaciones de Villarejo que consignaban una comida de Galán con otras dos personas a las que describe pero no identifica, con las que habló de problemas en un puerto.

La defensa de Galán insiste en que ese encuentro no pudo ser casual y destaca el “conocimiento ilícito del contenido de las conversaciones mantenidas” por Sánchez Galán durante un almuerzo privado.