Así, la organización sindical explica que el proyecto de real decreto, que se encuentra en trámite de audiencia e información pública hasta el 4 de enero, requerirá alrededor de dos meses para su tramitación y publicación. A esto habrá que sumar tres meses para la determinación por parte de la Administración de los criterios para los puestos que pueden prestarse en teletrabajo, y cuatro meses más para la concreción en cada departamento.

“Esto sitúa la aplicación real en octubre de 2022, y no a partir de enero como anunció la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero”, denuncia CCOO en un comunicado, en el que informa de que participó este miércoles en una reunión con la Dirección General de Función Pública.

El sindicato lamenta también la “falta de flexibilidad en el proceso de modernización” de la AGE, y considera que la adaptación debe venir condicionada por las necesidades de prestación de los servicios públicos a la ciudadanía. Por ello, indica que mantiene su propuesta de determinación de un marco progresivo para la implantación del teletrabajo, sin perder de vista la garantía de atención a la ciudadanía.

Entre las cuestiones “más lesivas”, CCOO destaca “las consecuencias contraproducentes en materia de igualdad que podría suponer la limitación del acceso al teletrabajo por sexos, la ausencia de atención a la prevención de riesgos laborales o la insuficiencia en la dotación de medios informáticos y ciberseguridad”. Asimismo, traslada su “preocupación” por los derechos del personal público, como la jornada y horario, la desconexión u otros derechos colectivos.

Por otro lado, aunque subraya que comparte la necesidad de un marco único para la AGE, el sindicato considera que “será imprescindible la flexibilización en cada organismo, en función de los servicios públicos prestados”.

Finalmente, CCOO lamenta que parte de estas medidas no vayan a ser negociadas, “una exigencia clave” para el sindicato durante todo el proceso de desarrollo de esta norma, y que se “ignoren los derechos de representación colectiva de la plantilla pública”.