La reforma fiscal es una de las previstas por el Ejecutivo en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en cuyo componente 28, bajo el título de ‘Adaptación del sistema impositivo a la realidad del siglo XXI’, el Gobierno transmitió a Bruselas la necesidad de realizar una reforma del sistema tributario con el objetivo de hacerlo “más equitativo, progresivo y justo”, así como para acercar la tributación de España con la de la media europea, ya que la presión fiscal en España fue del 39,2% en 2018, 7,3 puntos por debajo del 46,5% de la eurozona.

Para ello, el Ejecutivo indicó en el Plan de Recuperación que la reforma ha de realizarse “prestando la debida atención a la necesidad de garantizar el adecuado equilibrio entre la consolidación a medio plazo de las finanzas públicas y la contribución de la fiscalidad al crecimiento económico”. Por ello, y debido al contexto de recuperación tras la crisis económica causada por la pandemia de covid-19, considera que “será necesario cuadrar adecuadamente las reformas a introducir con los tempos de la recuperación económica, de modo que se combinen adecuadamente políticas de estímulo y apoyo a los sectores económicos y al empleo con las reformas tributarias que se articulen”.

Asimismo, el Gobierno señaló a Bruselas que “se requiere mejorar la recaudación y la eficiencia del sistema fiscal a través del ensanchamiento de las bases tributarias reducidas por las numerosas exenciones y deducciones, evaluando si los beneficios fiscales existentes logran los objetivos para los que fueron creados, o si deben revisarse”.
Por otro lado, el documento también resaltaba la importancia de desarrollar “una fiscalidad verde que contribuya a hacer un mundo más sostenible, protegiendo al medioambiente como herramienta de lucha contra el cambio climático y así, además, poder atender los compromisos internacionalmente asumidos”.

REFORMA FISCAL

Sobre la reforma fiscal que se abordará una vez finalice en febrero su trabajo el Comité de Expertos, el Gobierno prevé “obtener un análisis técnico sobre qué reformas convendría realizar”, con especial atención a la fiscalidad medioambiental, el impuesto de Sociedades, imposición digital y la armonización del impuesto de Patrimonio y Sucesiones y Donaciones, entre otras.

Según lo transmitido a Bruselas, “las reformas que proponga el comité deberán calibrar adecuadamente el momento económico actual y el esperado a medio y largo plazo, de modo que, sin perder de vista los principios fundamentales que deben inspirar la reforma, como consolidación fiscal, seguridad jurídica, simplificación del sistema, modernización del mismo, potenciación de la fiscalidad en áreas infragravadas (medioambiental o ámbito financiero, entre otros), logre acertar en los tiempos apropiados para la entrada en vigor de cada modificación, de modo que no frene la recuperación económica, pero permita aproximar progresivamente los ingresos tributarios hacia la media de los Estados miembros”.

En lo referente a su calendario, el Ejecutivo apunta que el ‘Libro Blanco’ que entregará este comité al Ministerio de Hacienda en el primer trimestre de 2022 será evaluado por el departamento liderado por María Jesús Montero en ese mismo trimestre, de forma que “adoptará las decisiones sobre las modificaciones normativas pertinentes, de acuerdo con la situación económica”.

Las medidas que proponga el comité irán acompañadas de un análisis sobre su impacto distributivo, indicando si mejoran o no la progresividad del sistema y si tienen impacto sobre los colectivos vulnerables y sobre las familias con niños. Asimismo, “se analizará la distribución en la tributación del trabajo frente a la tributación del capital, así como la tributación de las grandes corporaciones”.

La fecha de entrada en vigor prevista por el Ejecutivo para esta reforma fiscal será el primer trimestre de 2023.

IMPUESTO DE SOCIEDADES

La modificación que sí entrará en vigor en 2022 será el establecimiento de un tipo efectivo mínimo del 15% en el Impuesto de Sociedades, aplicable sobre la base imponible, incluido en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2022, que entrará en vigor el día 1 de enero.

Este cambio tributario, está en línea con el acuerdo internacional alcanzado en octubre de 2021 por 137 países en el seno de la OCDE y el G20, así como de la UE, para establecer un tipo mínimo del 15% a las actividades mundiales de las grandes multinacionales. En este sentido, el pasado 22 de diciembre la UE ya propuso una directiva que garantiza dicho tipo impositivo y para la que prevé “una rápida transposición” a lo largo de 2022.

Además, de cara al verano de 2022 la Comisión Europea prevé aprobar una segunda directiva para aplicar el otro pilar del acuerdo cerrado en octubre, relativo a la reasignación entre los países de los derechos de imposición.

Las normas propuestas se aplicarán a cualquier gran grupo, tanto nacional como internacional, que tenga una sociedad matriz o una filial en un Estado miembro de la UE. Si el tipo efectivo mínimo no es aplicado por el país en el que está establecida una empresa sujeta a un tipo impositivo bajo, el Estado miembro de la sociedad matriz podrá aplicar un impuesto complementario. La propuesta también garantiza la imposición efectiva en situaciones en las que la sociedad matriz está situada fuera de la UE, en un país con bajos niveles impositivos que no aplique normas equivalentes.

BENEFICIOS FISCALES
Por otro lado, el Gobierno también tiene previsto abordar una revisión de los beneficios fiscales, ya que, según indicó en el Plan de Recuperación, “en España, una parte importante de las políticas de gasto” se realizan a través de estos instrumentos, de forma que “el conjunto de ellos supone una cuantía próxima a los 60.000 millones de euros (5 puntos del PIB)”.

Por ello, defiende que “la reducción y eliminación de beneficios fiscales y regímenes especiales de nuestro sistema tributario implicará no solo un incremento de la recaudación, sino que coadyuvan a la existencia de un sistema tributario más simple, lo que, a su vez, tiene efectos favorables sobre la seguridad jurídica, y sobre los litigios y conflictividad existentes”.

En cuanto al calendario de implementación, el Plan de Recuperación recogía que entre 2021 y 2023 se haría una evaluación de quince beneficios fiscales seleccionados por un grupo de trabajo, de modo que “cada año se realizará una evaluación de cinco beneficios fiscales de nuestro sistema tributario”.

Tras ello, el documento remitido a Bruselas apuntaba que “en el primer trimestre de 2022, 2023 y 2024, se presentarán el correspondiente informe y las conclusiones del análisis de los beneficios fiscales analizados en el ejercicio anterior y, en su caso, se tomarán las decisiones de reforma, si la situación económica lo permite”.