Según informó la Policía, a los arrestados se les imputan los presuntos delitos de falsedad documental; estafa al Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE); contra la Seguridad Social; falsedad de documento público; y de favorecimiento de la inmigración ilegal.

La trama desarticulada creaba empresas ficticias a nombre de personas insolventes, a las que prometían de 2.000 a 3.000 euros, que en la mayoría de los casos no llegaban a pagar. Los arrestados contrataron a 685 supuestos trabajadores, cuyas cuotas de afiliación no eran abonadas. Los supuestos trabajadores entregaban el 50 por ciento de los subsidios por desempleo obtenidos fraudulentamente.

Las investigaciones se iniciaron cuando se conoció la existencia de un grupo organizado, compuesto por individuos de origen marroquí, que había creado en Mataró una serie de empresas sin actividad a nombre de personas insolventes.

TESTAFERROS

Para utilizar su identidad, a los testaferros se les prometía una compensación de hasta 3.000 euros, dinero que normalmente nunca llegaban a recibir. La finalidad real de estas empresas era registrar continuos movimientos de altas y bajas de trabajadores, sin corresponderse con una actividad real y sin abonar las correspondientes cuotas a la Seguridad Social.

Tras las oportunas comprobaciones, los investigadores determinaron que un total de seis sociedades constituidas por el grupo presentaban sucesivas altas y bajas de trabajadores, hasta un total de 685.

Asimismo, un total de 175 trabajadores fueron rotando por las distintas empresas, con el fin de estar el mayor tiempo posible dados de alta, para posteriormente solicitar prestaciones por subsidio de desempleo del Servicio Público de Empleo y del Instituto Nacional de la Seguridad Social. De esta forma pordían obtener por primera vez el permiso de residencia o tramitar su renovación.

Una vez reconocida la prestación, los beneficiarios debían entregar cada mes la mitad de lo recibido a la organización. El total de la cantidad defraudada entre las empresas mencionadas y los trabajadores que habían llegado a percibir subsidios supera los 800.000 euros.