Tras años de bloqueo, el departamento ministerial liderado por María Jesús Montero dio un primer paso importante a principios de diciembre cuando envió a las comunidades autónomas y Ceuta y Melilla una propuesta sobre el criterio de población ajustada a aplicar en el futuro sistema. En su propuesta, Hacienda propone aumentar el peso del gasto sanitario y educativo, así como de variables geográficas como la dispersión, la despoblación y la insularidad, y bajar la importancia de la población empadronada.

Tras enviar su propuesta, Hacienda ha dado a las comunidades autónomas los meses de diciembre y enero como plazo para que realicen sus observaciones, y, según señalaron a Servimedia fuentes ministeriales, tras ello serán estudiadas con el objetivo de lograr el máximo consenso posible en lo referente a la variable de población ajustada y avanzar en la reforma durante 2022 “todo lo que se pueda”.

El actual sistema de financiación en vigor fue aprobado en 2009 durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para una vigencia de cinco años, por lo que se considera “caducado” desde 2014. Sin embargo, el Ejecutivo de Mariano Rajoy no afrontó la reforma del sistema durante sus años de mayoría absoluta y posteriormente la situación ha estado obstaculizada tanto por el ‘procés’ independentista de Cataluña -sería impensable acometer la reforma del sistema sin la participación en su elaboración de una de las principales comunidades autónomas- como por la mayor fragmentación parlamentaria, que dificulta la consecución de acuerdos y grandes mayorías.

COMPLEJIDAD

En la compleja ecuación de esta reforma entran también en juego las distintas realidades vividas por comunidades autónomas con circunstancias económicas y demográficas muy distintas, que hacen que tengan también intereses distintos sobre los criterios a aplicar en el cálculo de cómo deben ser distribuidos entre ellas los recursos proporcionados por el sistema de financiación.

Así, comunidades autónomos gobernadas por distintos partidos políticos comparten intereses frente a otras bajo gobiernos de su mismo color. En este sentido, el pasado 23 de noviembre nueve comunidades gobernadas por PSOE (Aragón, Asturias, Castilla-La Mancha, Extremadura y La Rioja), PP (Castilla y León y Galicia) y el PRC (Cantabria), mantuvieron una reunión en Santiago de Compostela tras la que firmaron un documento en el que reclamaron que la reforma del sistema otorgue más peso en el cálculo a aquellas circunstancias propias del llamado reto demográfico.

Se trata, en concreto, de factores como el mayor gasto sanitario causado por el alto envejecimiento de sus poblaciones, así como la dispersión y la despoblación y su impacto en el coste de la prestación de servicios públicos.
Por otro lado, otro grupo de comunidades más pobladas, formado por la Comunidad Valenciana (PSOE), Andalucía (PP) y Murcia (PP), llevan años reclamando la reforma urgente del sistema al considerar que el actual las mantiene infrafinanciadas por no dar el peso suficiente al criterio de población ajustada, y piden establecer sistemas de nivelación.

En tercer lugar, las comunidades con mayor renta y capacidad fiscal, como Madrid, Cataluña y Baleares, defienden limitar la solidaridad interterritorial para que el sistema no altere el principio de ordinalidad del ranking de financiación per cápita, lo cual dificulta encontrar la manera de que estas regiones no pierdan más recursos y que al mismo tiempo se garantice la igualdad de todos los ciudadanos para acceder a los servicios públicos sin importar la comunidad en la que se encuentran.

PROPUESTA

De momento, en su propuesta sobre el criterio de población ajustada, tan sólo una de las variables que se aplican en el sistema, Hacienda ha planteado que el peso del gasto sanitario en la población ajustada aumente respecto al sistema actual, pasando de tener una ponderación del 38% a una de entre el 40% y el 45%, mientras que en el gasto en educación propone que su ponderación se incremente desde el 20,5% actual hasta una horquilla que varía entre el 25% y el 30%, siendo la educación no universitaria un 75-80% de la misma y la universitaria el resto.

En cuanto al gasto en servicios sociales, que en el modelo actual es de un 8,5%, pasaría a ser de entre un 6% o un 10% y, dentro de esta variable, el padrón de las personas mayores de 65 años pesaría entre un 80% o 90% y el de los parados entre un 10% o 20%.

Sobre el gasto en el resto de servicios que realizan las comunidades autónomas, la propuesta es mantener la estructura actual respecto a esta variable, por lo que se medirá teniendo en cuenta la población total empadronada, pero plantea que la ponderación de este indicador se reduzca del 30% actual a un baremo entre el 18% y el 22%.
Además, Hacienda resaltó en el documento remitido a las comunidades autónomas que el reto demográfico es “un desafío clave” para muchas regiones, por lo que propone que el conjunto de estos factores no poblaciones, que incluyen la superficie, la despoblación, la dispersión y la insularidad, para las que propone distintas posibilidades de medición, pasen de una ponderación del 3% en el sistema actual a una horquilla entre el 3%-4% en el nuevo.

La propuesta del Gobierno considera que la población ajustada “es la variable más representativa de las necesidades de gasto, algo sobre lo que existe un notable consenso”. Sin embargo, Hacienda entiende que “es necesario mejorar la fórmula de cálculo y reparto por tipología de gasto”, ya que “actualmente se dispone de más y mejores datos estadísticos que cuando se aprobó el modelo vigente en 2009”, pudiendo así realizar “un cálculo de población ajustada más realista, sofisticado y con mayor estratificación”.

VALORACIONES DISPARES

Por otro lado, días después de recibir la propuesta de Hacienda, varios presidentes autonómicos la valoraron durante el acto conmemorativo del Día de la Constitución, el 6 de diciembre. Así, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, rechazó el texto al considerar que “siempre se comete un trato injusto” con Madrid y que dicha Comunidad está “infrafinanciada” con respecto a Cataluña, por lo que pidió al Ejecutivo “responsabilidad” para que los madrileños no sean “ciudadanos de segunda”.

Por su parte, el presidente de la Xunta de Galicia, el popular Alberto Núñez Feijóo, admitió entonces que todavía debía ahondar más en el texto pero apuntó que la propuesta incluía elementos que iban en la buena dirección, aunque también indicó su sorpresa por que en el baremo sanitario se valore más a la población joven que a la mayor. Por otro lado, el también popular Fernando López-Miras, presidente de la Región de Murcia, sostuvo que el Gobierno no logrará sacar adelante la reforma mientras siga dependiendo de las formaciones catalanas, al considerar que el Gobierno deberá construir un sistema a favor de los intereses de los catalanes.

Por Extremadura, el presidente Guillermo Fernández Vara, del PSOE, admitió que le suena bien lo expuesto por el Ministerio de Hacienda y que, al menos, ya hay una base sobre la que discutir, una línea similar a la expresada por la presidenta de La Rioja, Concha Andreu, también del PSOE, quién defendió que todavía hay alguna cosa que corregir que no les gusta pero que avanza bien. Por otra parte, el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, del PSOE, indicó su satisfacción por que la propuesta recoja la insularidad.

En cuanto a las formaciones presentes en el Congreso de los Diputados, una de las que mantiene un mayor foco en este tema es la formación valenciana Compromís, cuyo diputado Joan Baldoví, pese a valorar positivamente que Hacienda “haya presentado por fin el documento base para empezar a hablar de la financiación y que empiece a andar, que es más de lo que hizo el PP nunca”, ha criticado en varias ocasiones durante el último mes que la propuesta de Hacienda es “tremendamente ambigua” y que podría mantener infrafinanciada a la Comunidad Valenciana.

DIÁLOGO

Debido a esta dificultad para satisfacer plenamente los intereses de todas las comunidades en el rompecabezas que supone la reforma, que debe ser aprobada con mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados al tratarse de una ley orgánica, la ministra de Hacienda viene reclamando “altura de miras” a las comunidades autónomas y “huir del enfrentamiento entre territorios” y “la dialéctica de comunidades ganadoras y perdedoras”, señalando que será necesario “buscar acuerdos parciales” y que “uno tiene que ceder para que otros ganen”.

Asimismo, Montero ha advertido durante el mes de diciembre que “hasta que no esté completado” el modelo para la reforma que proponga el Gobierno “no podemos hablar de que una comunidad pueda salir beneficiada o perjudicada”, por lo que pidió “rigor” para poder avanzar e indicó que “esperamos ahora las aportaciones de las comunidades autónomas para determinar el peso que debe tener la sanidad, la educación, los servicios sociales, la insularidad o la dispersión”.

En cualquier caso, la ministra recordó que la población ajustada es solo “una de las variables del modelo”, por lo que “no es ni el resultado final ni la variable determinante”, además de asegurar que “es obvio que el sistema de financiación tendrá que nutrirse de mayores recursos para poder ser capaces de financiar de forma adecuada unos servicios que tiendan a la excelencia”. Por todo ello, Montero subrayó que “es importante que nos pongamos de acuerdo en cuáles son los elementos y variables que presionan al alza el coste de los servicios públicos; ese debe ser el debate”.