Esta organización defiende que el precio del agua debe de ser asequible para quien haga un uso razonable de ella y más alto a medida que el gasto se dispare. Esto se logra con la facturación por bloques de consumo, siempre que "sea simple y conocida por la población; que los intervalos de consumo sean acordes con la política de ahorro; y que incluya medidas correctoras que tengan en cuenta el número de habitantes de la vivienda y el nivel de ingresos".

A juicio de la OCU, esta estructura de tarifas debe ir acompañada de una moderación de los costes fijos; de lo contrario, si son muy elevados, anulan el efecto deseado de la progresividad.

Según datos de esta asociación, el municipio con un servicio público de agua más caro es Murcia (413 euros/año), y el más barato Almusafes (Valencia), donde es gratuito. Algunos de los más caros son, también, Palma de Mallorca (380 euros/año), Alicante (360 euros/año), Cádiz (357 euros/año) y Barcelona (339 euros/año), mientras que algunos de los más económicos son Palencia (114 euros/año), Guadalajara (134 euros/año), Ávila (137 euros/añó) y Burgos (140 euros/año).

La media de los ayuntamientos españoles se sitúa en 227 euros/año (nivel en que se encuentran ciudades como Vigo, Salamanca y Pontevedra), para un consumo de 175 m3, (que la OCU estima como consumo medio de una familia estándar, incluyendo IVA y otras tasas). De este modo, desde 2005 el precio del agua se ha incrementado en un 28% en toda España.

CALIDAD

Por otro lado, la OCU denunció que, en algunos municipios, ha detectado problemas en cuanto a la calidad del agua. En concreto, localizó este tipo de problemas en Orense (trihalometanos) y en La Bisbal (Gerona, por plaguicidas).

También detectó algunas deficiencias por trihalometanos en Barcelona, Huelva y Molina de Segura (Murcia), por plaguicidas en Las Palmas y Salamanca, por nitratos en Almusafes (Valencia) y por boro en Maspalomas (Tenerife).

La OCU considera que la contaminación del agua se puede reducir y que se debe prestar atención especial a las poblaciones pequeñas, a la luz de los resultados del estudio. Es necesario evitar los vertidos contaminantes, ya sean urbanos, del sector industrial, agrícola o ganadero, pero también es urgente la necesidad de controlar mejor la calidad del agua en origen.

La responsabilidad de garantizar la calidad del agua de distribución es de los ayuntamientos a través de las empresas suministradoras, pero el Ministerio de Medio Ambiente, a través de las confederaciones hidrográficas, "debe hacer un esfuerzo para inspeccionar, controlar e informar a tiempo de la calidad del agua en origen que va a ser empleada como agua de distribución", recordó la organización.