Por ello, el CGTS exigió al Gobierno que "se abra al diálogo y permita introducir cambios en la reforma sanitaria, que consideran abusiva".

Además, los trabajadores sociales rechazan "tener que dirimir entre quién merece asistencia sanitaria y quién no", denunció el vocal en sanidad del CGTS, Daniel Gil

Por su parte, la presidenta del CGTS, Ana Lima, recuerda que la situación es paradójica, porque el Gobierno prevé reducir a prácticamente la mitad (de 28.858 en 2011 a 16.593) los puestos de trabajadores sociales municipales, en los Presupuestos Generales que se están tramitando y, sin embargo, les exige ahora más trabajo. El proyecto de ley contempla recortar un 42,4% el Plan Concertado con los Ayuntamientos.

Gil añadió que la reforma "hace trizas la integración socio-sanitaria, muy presente en la atención municipal" y dijo que Mato aseguró reforzaría a nivel estatal, en su primera comparecencia como ministra de Sanidad en el Congreso.

“Los trabajadores sociales que trabajamos en el ámbito sanitario atendemos a muchas personas con esquizofrenia u otras enfermedades mentales que necesitan la medicación, no pueden pagársela, y sin ella es prácticamente imposible su integración”, agregó Gil.

Además, aseguró que los profesionales del trabajo social seguirán dando cobertura al colectivo, porque lo marca su código deontológico. Así lo han venido haciendo. En algunas autonomías como la Comunidad de Madrid, agregó, “los recortes no nos pillan de sorpresa a los trabajadores sociales. Hace años que a los parados que habían agotado los subsidios de empleo les teníamos que tramitar una tarjeta sanitaria para personas sin recursos”, añadió.