En este sentido, el diputado por la CUP en el Congreso, Albert Botran, valora que “el acuerdo supone, simplemente, modificar algunas cosas de la contrarreforma del PP, mientras que el grosor del texto se mantiene”.

La CUP-PR considera muy graves varias carencias del acuerdo para la reforma laboral. Por un lado, no se deroga la rebaja de la indemnización por despido improcedente a 33 días por año con tope de 24 meses ni se recupera los 45 días por año con tope de 42 meses (hasta 42% de rebaja en la indemnización).

Además, dice la CUP, tampoco se recuperan los salarios de tramitación que, sobre todo, protegía los contratos con menos antigüedad. Hecho que, advierten, “permite que despedir con poca antigüedad continúe siendo muy fácil y con bajo coste”.

Respecto a los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE), la candidatura anticapitalista incide en que no se obliga a conseguir una autorización administrativa para poder hacer efectivos los despidos colectivos, permitiendo así continuar con la posibilidad de hacer un periodo de consultas y despedir colectivamente de manera unilateral por parte de las empresas. Algo que, según Botran, permitirá mantener “causas muy amplias y fáciles de justificar para poder despedir con un coste reducido de 20 días por año trabajado con el tope de un año de salario”.

La CUP-PR critica también el marco de negociación de la reforma laboral entre la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y los sindicatos CCOO y UGT, que supone "una centralización estatal de la negociación colectiva dejando de banda a las realidades sindicales de los diferentes territorios del Estado, como la de los Países Catalanes, Euskal Herria o Galiza”.

Desde esta perspectiva, la CUP-PR hace una defensa explícita de la “independencia de nuestro país» para poder establecer un marco de relaciones laborales propio que no esté sometido a la voluntad de la patronal española ni de los sindicatos del régimen”.

Por todo ello, la formación anticapitalista “no puede contar con nuestro apoyo” y denuncia que el acuerdo anunciado está incluso por debajo del que se pactó en el acuerdo de gobierno del PSOE y Unidas Podemos. Para defender los derechos de los trabajadores “se tendrían que derogar todas las reformas que se hicieron tanto el 2012 por el PP como al 2010 por el PSOE”.