En enero de 2018 el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Castellón inició actuaciones por violencia de género. En febrero de ese mismo año el Juzgado de Primera Instancia número 7 de Castellón acordó otorgar la custodia de las dos menores (de 6 y 2 años) a la madre y establece régimen de visita para el padre.

El 24 de febrero de 2018, Iztiar Prats, madre de las niñas, interpuso una denuncia ante la Policía Nacional de Castellón por amenazas de su marido y temer por la vida de sus dos hijas. El atestado policial concluye que el nivel de riesgo es bajo. Cuatro días después solicitó ante el Juzgado de Instrucción número de Castellón medidas de protección para las menores orientadas a suspender el régimen de visitas acordado. El Ministerio Fiscal se opuso a la adopción de la medida. Meses después, el 25 de septiembre de 2018, las hijas de Itziar Prats, de 6 y 2 años, fueron asesinadas por su progenitor, Ricardo Carrascosa García.

La familia reclamó al Ministerio de Justicia “falta de diligencia” y al Ministerio del Interior “aplicar protocolos obsoletos” para la valoración del riesgo y protección de las menores.

Ahora, el Ministerio de la Presidencia, “visto el dictamen del Consejo de Estado 661/2021, resuelve que los dos departamentos ministeriales citados han de indemnizar a la familia, asumiendo cada uno la mitad del importe total, y que la imputación del daño no se puede concretar en una actuación específica ni en un órgano determinado, sino que se afirma que el funcionamiento general de la Administración fue insuficiente e inadecuado”, informa el Defensor del Pueblo.

La indemnización que se estima adecuada para reparar el daño moral ocasionado por las muertes de sus dos hijas es de 800.000 euros para Itziar Prats y de 100.000 euros para cada uno de los abuelos de las menores, Fernando Prats y Ángela Fernández