Según informó hoy la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (Acai), sus centros radicados en Aragón cobrarán a partir de ahora a las mujeres que soliciten sus servicios, en lugar de esperar a que sea la administración la que reenvolse el importe, como establece la ley, por la deuda de más de 800.000 euros que mantiene con ellos la Consejería de Sanidad de la región.

Este hecho supone para la Fadsp poner "una importante barrera económica" a las mujeres con pocos recursos que quieran interrumpir su embarazo y "una discriminación en el acceso a una prestación sanitaria que sigue incluida en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud".

La federación considera que "existe una actitud ideológica de algunas CCAA de no financiar la interrupción voluntaria del embarazo y de excluirlo de la práctica de las prestaciones sanitarias financiadas mediante su impago sistemático a las clínicas concertadas".

En cualquier caso, la entidad considera "inaceptable" que las mujeres tengan que pagar por un servicio que le corresponde asumir a la sanidad pública y dice que es una obligación de la Comunidad Autónoma de Aragón y del Ministerio de Sanidad garantizar el acceso de todas las personas a las prestaciones establecidas en el catálogo del SNS que sigue en vigor.

En concreto, serán las aragonesas que interrumpan su gestación antes de la semana 14 por voluntad propia las que deberán abonar el precio de la prestación a partir del día 3 de mayo, ya que los centros seguirán asistiendo con cargo al Servicio Aragonés de Salud, si lo acepta, todas las interrupciones que respondan al supuesto de patología fetal (artículo 15 de la norma).