Este documento, elaborado por más de treinta expertos, resalta la necesidad de adoptar nuevas medidas de salud pública para evitar que la menor gravedad de los casos en la población vacunada trivialice el daño en la salud y el bienestar que se está produciendo.

Las administraciones y sus responsables deben "tomar conciencia” del profundo malestar, desánimo y agotamiento de médicos y otros profesionales sanitarios. “Es urgente revitalizar el contrato social implícito con las profesiones, con incrementos de recursos materiales y humanos, abordaje de las reformas siempre pospuestas y rectificando el maltrato con reducción de la temporalidad y mejoras de la calidad de empleo en el SNS”, expusieron.

El incremento de la incidencia está “colapsando” la Atención Primaria y los servicios de Urgencias y “desbordando” la capacidad de diagnosticar casos y rastrear contactos. Aunque las tasas de hospitalización e ingreso en Unidades de Cuidados Intensivos son bajas, cuando se aplican a un amplio número de enfermos acaban saturando los hospitales y “obligando a detener la asistencia a pacientes no-Covid, provocando daños indirectos que pueden ser muy importantes”.

Contar con recursos diagnósticos siempre “ha sido fundamental” para la lucha contra la pandemia, pero han de ser un instrumento “al servicio de una racionalidad clínica y de salud pública, no son una medida que por sí misma reduzca la incidencia”.

“Pese a que desde el ámbito científico y profesional se insistía en que las vacunas no tenían un efecto esterilizante, y que los inmunizados podrían trasmitir la enfermedad, los mensajes desde las instituciones, amplificados en algunos casos por los medios de comunicación, hacían concebir esperanzas de volver a la normalidad a través de la vacunación”, indicaron.

Las medidas que se centran en castigar “los comportamientos indeseables”, como la vacunación obligatoria o el pasaporte Covid “deben ser analizadas en su contexto”. “Si se abordan como un castigo social pueden ser ineficientes y desencadenar costes y efectos adversos”, opinaron.

Con altas tasas de vacunación y una variante del virus que pueden trasmitir los inmunizados, exigir un pasaporte “no garantiza el control de la transmisión en locales cerrados y puede dar una falsa seguridad que relaje la protección”. Exigir el uso de mascarillas en exteriores tiene “una efectividad mínima por sí misma”, aunque pueda “alentar indirectamente” su uso en interiores, terrazas y aglomeraciones.