"Limitar el acceso a la atención sanitaria a los inmigrantes en situación irregular supone un retroceso que incluso puede llegar a poner en peligro la vida de las personas", declaró a Servimedia Eva Suárez, directora de Amnistía Internacional en España.

Según dijo, la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea ya alertó de que excluir de la asistencia sanitaria a los inmigrantes en situación irregular puede poner en peligro sus vidas y su bienestar, pero además suponer también un riesgo potencial de salud para el resto de la comunidad.

Por otra parte, añadió la responsable de AI en España, la iniciativa puede tener "un grave impacto" en personas con enfermedades crónicas y que necesiten tratamientos del dolor, "y negar un tratamiento contra el dolor puede suponer una violación de las normas internacionales de derechos humanos y un trato cruel, inhumano y degradante".

A Amnistía le preocupa también la situación a la que se aboca a las mujeres víctimas de violencia de género en situación irregular, pues aunque seguirán teniendo atención de urgencia, se les priva de la asistencia sanitaria regular, "mecanismo fundamental" para detectar este problema.

Finalmente, Suárez lamentó algunos de los discursos del Gobierno y del PP, en los que, afirmó, se acusa a los inmigrantes de utilizar de forma indebida servicios de salud, lo que no es cierto. Estos discursos, en su opinión, "contribuyen a construir prejuicios y estigmatizan al colectivo".