En una rueda de prensa en la sede de AUME, su presidente y su secretario general, Jorge Bravo y Mariano Casado, respectivamente, pasaron revista a los supuestos incumplimientos de dicha ley por parte del Gobierno.

Estos incumplimientos se habrían visto confirmados, a su juicio, por los aspectos que eludió la subsecretaria de Defensa y por tanto encargada de los aspectos de personal, Irene Domínguez-Alcahud, en su comparecencia de la semana pasada en comisión del Congreso de los Diputados.

Ante todo, la AUME denunció que la subsecretaria ya ha firmado la constitución de una Comisión Técnica para el Analisis de las Iniciativas, remedo de los antiguos consejos asesores de personal, uno por cada ejército y otro para los órganos comunes.

Estas comisiones, que estarían en manos de los Mandos de Personal, reduplican y por tanto neutralizarían las competencias que deberían corresponder al Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas, previsto por la Ley de Derechos con la participación de las asociaciones militares pero aún no constituido y para el que, advierten, se está pergeñando un reglamento muy restrictivo.

Bravo apuntó que "hay quien no se ha enterado" o quien quiere pasar por alto que los militares, después de 30 años, ya tienen reconocidos unos derechos, en tanto que Casado señaló que, de haberse formado el Consejo de Personal, el Gobierno se vería obligado a someterle disposiciones como la citada Comisión Técnica.

DEMORA INTENCIONADA

De ahí que ambos sospechen que el incumplimiento de los plazos para poner en marcha los órganos previstos por la ley (el Consejo de Personal y el Observatorio de la Vida Militar), que expiraron el mes pasado, sea intencionada para sabotear el asociacionismo militar.

Incluso, subrayaron, la subsecretaria autorizó el pasado día 10 que un jefe de unidad pueda suspender por su cuenta y riesgo una reunión que se celebre dentro de su cuartel, alegando necesidades operativas.

Los dirigentes de AUME también criticaron que Domínguez-Alcahud obviara en su comparecencia cualquier alusión a los militares perjudicados por la Ley de Carrera Militar y la inexistencia de un régimen transitorio que no dejara a nadie colgado con el cambio de criterios, de la antigüedad a los méritos, para el régimen de ascensos.

"Haber obviado esos problemas dice mucho de la subsecretaria", indicaron, "Decíamos que ese cargo lo tenía que llevar alguien que conociera los desarrollos normativos y lo que hay es algo muy distinto". Desde su punto de vista, "en la subsecretaría hay que poner a alguien que conozca los temas y tenga autoridad, e impida a los cuarteles generales campar por sus respetos".

Igualmente, la AUME considera "clamoroso" que los recortes de salarios se estén centrando en tropa y marinería, "el eslabón más débil", con "contratos basura" supeditados a la decisión de los superiores y reducciones en el complemento de incorporación, los incentivos por año de servicio y la prima por servicios prestados. Bravo sugirió que los recortes se apliquen a los fastos, los actos conmemorativos y los gastos de protocolo.

La AUME ni siquiera está totalmente de acuerdo con la reforma de la Ley de Carrera Militar que faculta que los militares que sufran una discapacidad en acto de servicio puedan seguir en el Ejército.

Según advirtió, esa petición apenas está extendida en las Fuerzas Armadas, mientras que existen miles de militares "aptos con limitaciones" a quienes se mantiene en condiciones penosas, con restricción de destinos y menos posibilidades de lograr puntos para el ascenso. "Y de hecho no han dicho nada", recalcaron los portavoces de la asociación. Por todo ello, la AUME sopesa la posibilidad de convocar una manifestación para después del verano.