Ambos colectivos manifestaron la situación de “emergencia” que viven con la “proliferación de discursos de odio hacia las personas Lgtbiq”, en especial a las mujeres, trans quienes sufren un “aumento alarmante” del 40% de agresiones, según el informe del último año sobre delitos de odio del Ministerio del Interior.

Por ello, en una reunión con representantes del ministerio celebrada ayer martes indicaron que es “crucial” la materialización de una legislación estatal que blinde en todas las comunidades autónomas los derechos de las personas trans y Lgtbiq ante “las intenciones de retroceso de algunos partidos políticos”.

El Ministerio de Igualdad trasladó a los colectivos que se ha instado al Ministerio de Justicia a que solicite por la vía urgente al Consejo General del Poder Judicial y al Consejo Fiscal los informes que están pendientes sobre el anteproyecto de la ley, cuya tramitación se aprobó en el Consejo de Ministro del pasado 29 de junio.

También alertaron del “riesgo” de que la ley “se pierda” esta legislatura ya que, si no entra en el Congreso antes del mes de junio, los tiempos parlamentarios serían “insuficientes” para que la ley trans culmine su aprobación antes de la celebración de las elecciones, previsiblemente a finales de 2023.

Esto colectivos también han iniciado una ronda de contactos con distintos grupos parlamentarios para trasladar estas mismas preocupaciones y trabajar de manera conjunta en la concreción de una legislación que proteja los derechos de las personas trans y Lgtbiq.