La institución denunció que “cerca de 3.000 personas, de ellas 1.211 son niños, se ven afectadas por la falta de electricidad que les impide tener una vida digna y que ponen, en algunos casos, en riesgo la salud de muchos de los que allí residen”.

El Defensor vuelve a recordar a todas las administraciones implicadas, en el día de inicio del invierno, que “la energía eléctrica es esencial para la protección de la salud de las personas, derecho reconocido en el artículo 43 de la Constitución. Y que también es necesaria para garantizar el derecho a la educación, que consagra el artículo 27 de la Carta Magna. La falta de energía eléctrica está incrementando el absentismo escolar”.

El Defensor pone de manifiesto “la gravedad de la prolongada privación de suministro, tras más de un año sin electricidad, que afecta muy especialmente a personas mayores, enfermos crónicos y niños”.

Se recuerda desde la institución, asimismo, que esta petición coincide con la realizada en junio de 2020 por los relatores de la ONU. Y se señala que aunque medidas de mayor calado están en marcha (regularización de sectores y realojos), “estos son procesos complejos que necesitan varios años para resolverse, la situación actual -de falta de suministro eléctrico- no se puede mantener por más tiempo”.