En el texto acordado, se establece que esta comisión sobre el uso de recursos del Ministerio del Interior para destruir pruebas que vincularan al PP con casos de corrupción “no se pude desligar de la anterior comisión de investigación realizada en el Congreso en el año 2017”, que abordó el supuesto espionaje y fabricación de pruebas falsas contra los partidos políticos firmantes, que por eso se han coaligado para estas conclusiones.

“Se puede observar cómo bajo el Ministerio del Interior de Jorge Fernández Díaz se construyó una denominada ‘policía patriótica’, dirigida operacionalmente por el DAO Eugenio Pino, sostenida en el tiempo y que realizó diversas actuaciones con intereses partidistas”, sostienen, y tras describir el espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas, retoman que ”queda demostrado que existió una 'Operación Kitchen', que para
esta operación se utilizó una ‘estructura parapolicial’ , ya identificada en el dictamen de la Comisión de Investigación de la XII legislatura”.

Ya en las conclusiones, Unidas Podemos y los independentistas se quejan de que, en la comisión parlamentaria recién finalizada, la documentación “requerida del Gobierno ha sido atendida de forma impuntual e incompleta”, y, por otra parte, entienden que “queda acreditado que algunos de los comparecientes han faltado a la verdad en sus declaraciones”, lo cual avisan de que es un delito tipificado en el el artículo 502.3 del Código Penal.

RAJOY, COSPEDAL, ROLDÁN Y VILLAREJO

Desde su punto de vista, "se puede dilucidar que eran responsables políticos últimos y conocedores de dicha operación tanto el presidente del Gobierno Mariano Rajoy Brey como la secretaria general del PP María Dolores de Cospedal García así como el marido de ésta -el empresario
Ignacio López del Hierro- (socio de Villarejo)".

Más allá del PP, los grupos firmantes interpretan que la trama se quebró por el enfrentamiento entre el excomisario José Villarejo y el exdirector del CNI Félix Sanz Roldán y que el intento del primero de utilizar “para beneficio propio” la información que tenía sobre cuentas del rey Juan Carlos y otras personalidades en Suiza fue “lo que supuso su enfrentamiento con el CNI y su posterior caída”.

En general, culpan de que la trama ‘Kitchen’ fuera posible a "una cultura de la impunidad y unas concepciones particulares de lo que es el
significado de patriotismo heredadas de regímenes anteriores" y a “una legislación deficiente y obsoleta como la Ley de Secretos de Estado, la Ley de Fondos Reservados y la Ley de Medallas”, que habría determinado que “los operativos y actuaciones policiales sin orden judicial y la fabricación de pruebas no han sido un hecho puntual”.

Para estos grupos, “lo ocurrido hasta ahora en la mala praxis del Ministerio del interior debería ser un punto de partida para un profundo y extenso debate para que se establezcan unos mejores mecanismos de control de transparencia y rendición de cuentas que orienten a nuestros Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado a una democratización profunda”, y, entre otras cosas, se hace “imprescindible el inicio de pesquisas de carácter orgánico, político y penal para esclarecer de manera transparente y dando cuenta a la ciudadanía de la posible existencia actual de tramas parapoliciales y estructuras paralelas fuera de la Ley en el seno de los estamentos públicos y en especial en el Ministerio del Interior” .