Según informó hoy la OCU, esta nueva norma tiene como objeto adecuar las normas españolas a las comunitarias, para crear un marco jurídico común que facilite el funcionamiento del mercado único de los servicios de pago.

La ley "deja abierta la posibilidad de que las entidades puedan empezar a cobrar comisiones que hasta ahora no existían" (por mantener recibos domiciliados, por recibir transferencias, etcétera).

Por otro lado, incorpora medidas destinadas a mejorar la seguridad de los usuarios en la utilización de los medios de pago, una "buena noticia" a juicio de la OCU.

La organización considera, en definitiva, que la ley da "una de cal y otra de arena", por lo que considera preciso que la Administración se ocupe de que no se discrimine a los usuarios que opten por utilizar la tarjeta, en vez del pago en efectivo.