En una declaración pública, indicó que los programas nacionales de vacunación manejan datos insuficientes o inexistentes, ofrecen una información pública inadecuada y no abordan “la desconfianza en las instituciones sanitarias y la información engañosa”.

Estos dos últimos fenómenos “afectan de forma desproporcionada a algunos grupos -mujeres, personas Lgtbi, indígenas y minorías étnicas- en su acceso a las vacunas. Estos grupos también se ven más afectados por obstáculos logísticos y técnicos y por la falta de participación de la sociedad civil en la planificación y ejecución de los planes de vacunación", agregó AI.

Los Estados que recopilan y comunican datos sobre la Covid-19 desglosados por etnia o raza han informado de la existencia de tasas de infección y mortalidad más altas entre las minorías raciales y étnicas en comparación con otros grupos, indicó AI. Sin embargo, prosiguió, “sólo un puñado de países manejan estos datos, cruciales para abordar los efectos desproporcionados en poblaciones concretas”.

Otras deficiencias tienen que ver con el desigual acceso a la información, pues mucha de ella se publica en Internet y no todo el mundo dispone de una conexión adecuada, y con el nivel de aceptación de las vacunas, que también debe tenerse en cuenta.

Según Rina Kika, investigadora de Amnistía Internacional, las autoridades “no hacen actualmente lo bastante" para garantizar que los programas de vacunación llegan a los miembros más marginados de sus sociedades. “Con la aparición de ómicron y la prevalencia creciente de restricciones basadas en la vacunación, resulta imprescindible que los países aborden con urgencia los problemas que provoca una distribución desigual y discriminatoria de las vacunas”, recalcó.

“No basta con disponer de un número suficiente de vacunas”, los países han de garantizar que todos sus ciudadanos acceden a ellas, concluyó Amnistía.