Así, el Cermi propuso mantener el esfuerzo en la inversión y en la calidad de los servicios de accesibilidad (infraestructuras, atención al público, información y comunicación, etc.) en los distintos modos de transporte que dependen de Fomento.

En relación a la política de vivienda, el Cermi solicitó seguir teniendo en cuenta a las personas con discapacidad y sus familias como "grupo preferente de actuación" en los nuevos planes estatales de vivienda que se aprueben por parte del Gobierno.

También pidió condicionar en la regulación del 1% cultural que gestiona el departamento de Ana Pastor, la concesión de ayudas a que los proyectos beneficiados "contemplen actuaciones de accesibilidad, con el objetivo de ir abriendo el patrimonio artístico y cultural a las personas con discapacidad".

Por otra parte, el Cermi instó a modificar la Ley General de Carreteras para eximir el pago de peajes en autopistas estatales de vehículos de personas con discapacidad con movilidad reducida, reconocida oficialmente, como ocurre en otros países europeos.

En cuanto a la contratación pública socialmente responsable, el Cermi planteó "promover activamente la incorporación de cláusulas sociales favorables a la discapacidad en la política de compras y adquisiciones del Departamento".

Además, ha propuesto renovar la colaboración entre el Ministerio de Fomento y el Cermi para los próximos cuatro años, con el objetivo de mejorar la accesibilidad en los ámbitos de competencia del Ministerio.