En este sentido, la OCU advierte de que los ciudadanos ya pagan impuestos por circular con su vehículo, poniendo como ejemplo el momento de la adquisición del vehículo, a través del impuesto de matriculación, y por el uso mediante el impuesto de los hidrocarburos que tiene como efecto que quien más circule, más pague. “Se supone que una parte de ese impuesto debería ir al mantenimiento de las carreteras, incluidas las autovías”, advierte esta organización.

Además, señala que también pagan anualmente el impuesto municipal de circulación (impuesto de vehículos de tracción mecánica), a lo que hay que sumar el IVA de la compra, de los seguros o del mantenimiento.

TRIPLE GRAVAMEN

“Obligar a pagar peajes en autovías supondrá un triple gravamen, pues su coste viene a sumarse a los impuestos que ya veníamos pagando y, además, habría que añadir los costes indirectos que la imposición de los peajes tendrá en el precio de diferentes bienes y servicios que resultaran más caros de aplicarse esta medida”, denuncia la OCU.

En su opinión, aunque es “necesaria” una financiación adecuada del mantenimiento de todas las vías de circulación, para entre otras cuestiones garantizar la seguridad de los usuarios, “no se puede utilizar como excusa para aumentar la recaudación de tributos”.

Para abordar estas necesidades y adoptar las medidas adecuadas, es imprescindible el dialogo con todos los sectores implicados, incluidos los usuarios, de forma que el reparto de la obligación de mantener las infraestructuras sea de forma justa y equitativa.

Asimismo, la organización defiende que, antes de tomar cualquier medida, es necesario hacer un estudio con transparencia sobre las auténticas necesidades de financiación de las infraestructuras, para evitar que los ciudadanos acaben pagando de más.

Y, en caso de establecerse sistemas de pago, la OCU sostiene que “deben tenerse en cuenta los gastos que estos sistemas conllevan para no generar un gasto mayor e innecesario”, al tiempo que pide que se contemplen distintas exenciones de pago, como para los vehículos menos contaminantes, para favorecer una transición para la movilidad sostenible, o para tramos concretos de vía de uso masivo, como las circunvalaciones de las ciudades, accesos a instalaciones de salud o primera necesidad.