Cermi Mujeres aprovechó este día para recordar la necesidad de poner en marcha políticas de reparación integral dirigidas a las víctimas.

Antes de la reforma de la ley, la esterilización forzosa era una práctica que afectaba sobre todo a mujeres y niñas con discapacidad y que se llevaba a cabo sin contar con su consentimiento bajo el pretexto de su bienestar.

La aprobación de la Ley Orgánica 2/2020 supuso la eliminación, en concreto, del párrafo segundo del artículo 156 del Código Penal que, hasta entonces, despenalizaba las esterilizaciones no consentidas, previa autorización judicial.

Según datos del Consejo del Poder Judicial en la última década se llegaron a esterilizar a más de 1.000 personas previamente incapacitadas legalmente en España sin contar con su consentimiento.

En materia de reparación existen importantes antecedentes y desde Cermi Mujeres plantean actuar con urgencia siguiendo el ejemplo de otros países. En el caso del gobierno sueco, aprobó una ley de reparación económica a personas sometidas a esterilizaciones forzosas entre 1972 y 2013 que, según un informe del gobierno sueco del año 2000, alcanzaba la cifra de 21.000 personas.

Por ese motivo, Cermi Mujeres exige ir más allá de la mera petición de perdón simbólica y demanda una reparación económica e integral a las víctimas de esterilizaciones.