Los magistrados de la Sala de lo Penal del Alto Tribunal, presididos por Carlos Granados, han encontrado a los tripulantes, David Sylla, Pathe Diallo y Boubacar Sernández, culpables de cinco delitos de homicidio imprudente y un delito adicional contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. El tribunal ha rechazado el recurso de los procesados y ha confirmado su condena a penas de 19 años de cárcel.

El Supremo considera probado que los tres condenados gobernaban un “cayuco” que zarpó de Noadhibou (Mauritania) entre el día 5 o 6 de julio de 2008 y que llegó el 11 de julio al puerto de la playa de Santiago, en la Isla de la Gomera.

Los procesados realizaron diversas labores de gobierno, como el pilotaje de la nave valiéndose de aparato de orientación GPS y una brújula estableciendo turnos para ello, dieron órdenes al pasaje con el fin de mantener la indispensable disciplina a bordo, y se encargaron de preparar la comida, que después repartían junto con el agua.

Al tercer día de travesía se acabó el agua y la comida y el pasaje se sumió en una situación generalizada de debilitamiento y deshidratación. A lo largo del viaje fallecieron varios de los inmigrantes, cuyos cuerpos fueron arrojados al mar.

CINCO FALLECIDOS

Además, al llegar a la Isla de la Gomera, los miembros de la Cruz Roja hallaron muertos en el interior del “cayuco” a cuatro inmigrantes originarios de Guinea Conakry. Un quinto pasajero falleció por deshidratación e hipotermia en el hospital de Nuestra Señora de Guadalupe en San Sebastián de la Gomera. Sobrevivieron a la travesía un total de 54 inmigrantes.

Los magistrados de la Sala de lo Penal consideran que “ha quedado suficientemente acreditado” que los condenados organizaron una “expedición marítima con rumbo a las costas españolas desde las de Mauritania en una embarcación evidentemente inidónea, tanto por su capacidad como por sus características y medios para la navegación, para la travesía propuesta, en la que se carecía además tanto de los alimentos como del agua potable precisos para el consumo de tantas personas, más de cincuenta durante el viaje”.

Esta conducta “supone, sin duda, no sólo la promoción de un tráfico ilegal e inmigración clandestina de personas, carentes de la autorización y requisitos legales para ello, con destino a nuestro país, sino, lo que es más, la puesta en peligro concreto y grave para la vida, o cuando menos, la salud de las mismas”.