Planas intervino en la clausura de la asamblea general de la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB), y elogió la colaboración “activa, constructiva y positiva” que tuvo esta patronal durante el proceso de elaboración y tramitación de esta ley, que definió como la más importante de la legislatura para el sector agroalimentario.

Dijo que para que la norma cumpla sus objetivos y progresen sus contenidos, es necesaria la colaboración y el compromiso de todos los operadores. “Si queremos que la cadena funcione bien, es evidente que todos los eslabones deben disponer de margen de rentabilidad necesario”, afirmó.

El ministro apeló también a la cooperación de la FIAB para el otro gran proyecto legislativo “fundamental” que promueve el Gobierno, la Ley de Prevención de Pérdidas y Desperdicio Alimentario, que espera llevar al Consejo de Ministros en primavera para que pueda estar aprobada antes de que finalice el año 2022.

SEGURIDAD
En la asamblea, el presidente de FIAB, Tomás Pascual Gómez-Cuétara, reclamó al Gobierno la creación de un entorno institucional y político estable que aporte seguridad para las empresas, así como iniciativas enfocadas a impulsar la actividad de los alimentos y bebidas como sector tractor para la economía española.

“Nuestro sector cumple una labor indiscutible en el desarrollo económico y territorial, el equilibrio medioambiental y el progreso social. Insistimos en la importancia del diálogo y la colaboración público-privada para liderar la recuperación del conjunto de la economía española”, afirmó el empresario.

El director general de FIAB, Mauricio García de Quevedo, habló del difícil momento por el que atraviesa la industria y toda la economía debido a la complicada situación coyuntural derivada de la inflación, la escalada de los costes energéticos y de materias primas o las tensiones en el transporte, tanto nacional como internacional.

“Debemos recordar que esta industria está compuesta mayoritariamente por pymes, para las que es más complicado corregir las distorsiones que se están produciendo en la operativa del sector”, señaló García de Quevedo. Ante este escenario, el sector exige que se acompañe a las industrias de alimentación y bebidas con medidas fiscales que incentiven la actividad, evitando obstáculos añadidos a la ya complicada situación por la que atraviesa la economía, por ejemplo, desterrando cualquier aumento de la presión fiscal o manteniendo la unidad de mercado, entre otros.