Este fue uno de los principales argumentos utilizados por las defensas para pedir a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que anule la sentencia de la Audiencia Nacional que condenó a Otegi, Usabiaga y otros tres procesados por haber intentado reconstruir la ilegalizada Batasuna a las órdenes de ETA.

El letrado Iñigo Iruin sostuvo ante los magistrados del Supremo que la Audiencia Nacional, a la hora de dictar la sentencia condenatoria, pasó por alto varios contraindicios que demostraban que Otegi y los demás procesados se habían desmarcado de la “estrategia político-militar” de ETA.

“Los pronunciamientos posteriores sirven para ilustrar lo que estaban haciendo los condenados. A la luz de lo sucedido es razonable pensar que estaban actuando al margen de ETA cuando no en contra de la misma”, señaló el abogado. Otegi y Usabiaga fueron condenados a diez años de prisión por un delito de integración en organización terrorista en grado de dirigentes.

Entre los contraindicios pasados por alto por la Audiencia Nacional, Iruin destacó el debate llevado a cabo en el seno de la izquierda abertzale entre octubre de 2009 y febrero de 2010, que desembocó en un rechazo de la violencia y en una apuesta por “las vías políticas y democráticas”. En este sentido, el abogado indicó que el tribunal tenía entre sus manos un documento en el que ETA dice estar “irritada” con la izquierda abertzale por este cambio de rumbo.

LIBERTAD IDEOLÓGICA

“Hay una evolución ideológica, desde un posicionamiento político-militar a un posicionamiento únicamente político y democrático”, insistió el letrado ante los cinco magistrados de la Sala de lo Penal del Supremo, presididos por Juan Saavedra, en la vista celebrada esta mañana para revisar la sentencia dictada el pasado mes de septiembre por la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

Iruin aseguró, asimismo, que este cambio de rumbo no esconde “una operación de maquillaje” y aseguró que los magistrados de la Audiencia Nacional cometieron errores de calado en la sentencia ya que, entre otras cosas, vulneraron el principio acusatorio y no explicitan en su sentencia “el discurso valorativo” que les llevó a concluir que Usabiaga, Otegi y el resto de condenados eran miembros de ETA.

El abogado censuró por último que la Audiencia Nacional utilizase la falta de condena a ETA por parte de los procesados para condenarles. Señaló en este sentido que, si este elemento no es suficiente para ilegalizar un partido, tampoco debe serlo para dictar una condena por la vía penal ya que “vulnera la libertad ideológica”.

La sentencia de la Audiencia Nacional también condenó a penas de ocho años de cárcel a Miren Zabaleta, hija del líder de Aralar Patxi Zabaleta y una de las dirigentes emergentes de la izquierda abertzale; a la extesorera del PCTV Sonia Jacinto, y a Arkaitz Rodríguez, exresponsable de Haika y presunto miembro de Ekin, todos ellos como autores de delitos de integración en organización terrorista.

TRIBUNAL IMPARCIAL

La abogada Jone Goirizelaia, además de incidir en los motivos por los que, a su entender, la sentencia condenatoria debe ser anulada, hizo además hincapié en las dudas sobre la imparcialidad del tribunal de la Audiencia Nacional que juzgó a Otegi y al resto de los procesados. La presidenta del tribunal, la magistrada Ángela Murillo, fue de hecho recusada sin éxito por los acusados después de que el Supremo anulase una condena suya a dos años de prisión impuesta a Otegi por enaltecer presuntamente el terrorismo durante su intervención en el homenaje celebrado el 9 de julio de 2005 en Amorebieta (Vizcaya) a José María Sagarduy.

Los magistrados del Supremo consideraron que Murillo, que fue la ponente de la sentencia, demostró prejuicios en contra de Otegi por preguntarle directamente en medio de la vista oral –celebrada en enero de 2010- si condenaba la violencia de ETA. El ex portavoz de Batasuna se negó a contestar, ante lo que Murillo comentó en voz alta: “¡Ya sabía yo que no me iba a contestar a esta pregunta!”. Esta magistrada, además, llamó “cabrones” al exnúmero uno de ETA, Francisco Javier García Gaztelu, alias “Txapote”, y a otros tres etarras en el juicio por el asesinato del concejal de UPN José Javier Múgica Astibia, del que se tuvo que apartar.

Goirizelaia sostuvo en la vista del Supremo que este elemento previo debía haber servido para apartar a Murillo del tribunal que juzgó a Otegi en el “caso Bateragune”.

“Se debería haber estimado la recusación al menos en lo que se refería a la presidenta de la Sala”, dijo la letrada antes de pedir a la Supremo que analice su propia doctrina así como la del Constitucional y la del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre la imparcialidad. “Pido que se corrija la resolución porque no tiene un ninguna base jurídica para mantenerse y que acuerde la inmediata puesta en libertad del señor Otegi”, concluyó Goirizelaia.

VÍCTIMAS Y AMAIUR

La Fiscalía, por su parte, solicitó al Supremo que confirme la condena de la Audiencia Nacional y que mantenga a Otegi en prisión. La representante del Ministerio Público aseguró que existen pruebas suficientes para determinar que los condenados actuaban bajo las órdenes de ETA. En la vista también intervino el abogado Juan Carlos Rodríguez Segura, en representación de la asociación Voces Contra el Terrorismo, que ejerce la acusación popular en la causa.

En la sala de vistas del Supremo se encontraban escuchando los argumentos de las partes María Jesús González, madre de Irene Villa; Francisco José Alcaraz, de la asociación Voces Contra el Terrorismo; y el exconcejal del PP en Llodio (Álava) y presidente de la Fundación para la Defensa de la Nación Española (Denaes), Santiago Abascal. En la sala, entre los medios de comunicación, se encontraba también el diputado de Amaiur Ion Iñarritu.

Tras escuchar los argumentos de las partes, el presidente del tribunal, el magistrado Juan Saavedra, dio por finalizada la vista. Los cinco miembros del tribunal deberán ahora deliberar y decidir el futuro de Otegi y de los otros cuatro condenados.