IU defiende en el Congreso que “la vida es un derecho, no un deber”
- Propone modificaciones legales para regular el derecho a la muerte digna
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El diputado del Grupo Parlamentario IU-ICV-CHA: La Izquierda Plural, Ricardo Sixto, defendió hoy que “la vida es un derecho, no un deber” y que, en consecuencia, es necesario regular el derecho a una muerte digna y sin dolor.
Durante el debate de la toma en consideración de la proposición de ley orgánica sobre disponibilidad de la propia vida, Sixto defendió la necesidad de establecer mecanismos básicos que racionalmente ahorren “padecimientos agónicos y desesperados” a enfermos graves.
Tras señalar que en España la mayoría de la sociedad está predispuesta a la eutanasia, rechazó aquellos mecanismos que, lejos de paliar el sufrimiento y el dolor, suponen una “prolongación estéril de una situación desesperada”.
Abogó por terminar con las actuales “inseguridades jurídicas” que impiden actualmente que muchos enfermos puedan alcanzar la tan deseada muerte.
Por eso, pidió a los diputados que alejen las “prioridades irracionales que sitúan principios políticos por encima de los derechos fundamentales y la dignidad de las personas”.
La diputada del PP Marta Torrado expresó la posición contraria de su grupo a la proposición defendida por La Izquierda Plural y abogó por mejorar los cuidados paliativos.
Señaló que su partido apoya “todas las medidas que redunden en la mejora de los servicios asistenciales al paciente” y dijo que la proposición defendida por Sixto “no aporta valor asistencial más allá de una clara intencionalidad ideológica”.
SIN DOLOR
A su juicio, que la Constitución garantice el derecho a la vida no significa que garantice el derecho a la muerte, y dijo que los cuidados paliativos mejoran la calidad de vida del enfermo y consiguen que esté sin dolor.
Por su parte, el diputado del PSOE Julio Villarrubia dijo que su grupo ya tiene una propuesta sobre esta cuestión que no permite prolongar la muerte ni el suicidio asistido.
Señaló que el PSOE mantiene discrepancias con IU en cuanto a la regulación penal de esta cuestión y defendió que es necesaria una regulación “más precisa” para evitar casos “tan lamentables” como el que se emprendió contra profesionales del Hospital de Leganés.
Por su parte, el diputado de CiU Jordi Janè admitió que esta cuestión merece un “debate serio” que huya del “oportunismo mediático y político”. Abogó por la renovación periódica del testamento vital, como recomienda el Consejo de Europa, y que las decisiones sobre la propia vida se puedan ir adaptando a los avances clínicos, médicos y terapéuticos.
No obstante, más que hablar del derecho a una muerte digna, Jané defendió que lo que hace falta debatir es el “derecho a afrontar con dignidad el proceso de la propia muerte”.
La diputada de UPyD Irene Lozano señaló que el quid de la cuestión es “qué vida y en qué circunstancias merece la pena ser vivida”, dicho lo cual defendió la necesidad de un debate “racional”, sin perder de vista a los enfermos que sufren situaciones agónicas y de dolor.
Tras señalar que hay que “cerrar la puerta al riesgo de que sean otros los que dispongan de la vida de uno” por intereses no precisamente humanitarios, Lozano señaló que “hay que hacer normal en las leyes lo que ya está sucediendo en la sociedad”.
DEFINICIÓN
Emilio Olabarría (PNV) criticó que la proposición defendida por Sixto no defina claramente qué entiende por muerte digna.
Por parte del Grupo Mixto intervinieron Joan Tardà (ERC), Joan Baldoví (Compromís) y Olaia Fernández Dávila (BNG). Tardà (ERC) defendió que no es deseable “ni la criminalización ni la clandestinización de la eutanasia” porque España es una sociedad “madura” que debería poder establecer las “condiciones objetivas y reguladas” para una decisión “decisión libre, informada y consciente”
Por su parte, Baldoví (Compromís) dijo que “la vida es algo personal e intransferible, y la muerte también” y que cuando se habla de disponer de la propia se está hablando de “libertad y de conciencia, no de imposiciones”.
La diputada del BNG Olaia Fernández Dávila (BNG) también mostró su posición favorable a la toma en consideración de la proposición defendida por La Izquierda Plural.
LA PROPOSICIÓN
En la exposición de motivos, el grupo parlamentario encabezado por Cayo Lara defiende que “la vida es un derecho, no un deber”, y, en consecuencia, se debe reconocer “la disponibilidad sobre la propia vida y, correlativamente, el derecho a morir”.
Esta proposición de ley sobre disponibilidad de la propia vida está firmada por los diputados de IU José Luis Centella y Gaspar Llamazares.
El texto propuesto despenaliza la conducta del que, “mediante actos necesarios o de cooperación activa, permita, propicie o facilite la muerte digna y sin dolor de otra persona, a petición expresa, libre e inequívoca de ésta, en caso de que sufriera una enfermedad grave que hubiera conducido necesariamente a su muerte”.
Despenaliza también, y así se explica en la iniciativa, la conducta de quien ayude a morir a quien, previa petición del afectado, padezca una enfermedad grave que “le produjera graves padecimientos permanentes y difíciles de soportar, o que, siendo permanente, le incapacitara de manera generalizada para valerse por sí mismo”.
Además, propone introducir el derecho del paciente a decidir libremente, una vez informado, el tratamiento médico que se le vaya a aplicar, “como presupuesto del reconocimiento de la voluntad de morir del afectado”.
Asimismo, el texto propuesto por La Izquierda Plural recoge expresamente el reconocimiento de la llamada “declaración vital” para que, cuando un paciente lo pida, se le apliquen “actitudes eutanásicas”.
MODIFICACIONES LEGALES
El texto propuesto pide modificar el Código Penal, para que ayudar a morir no sea delito, así como la Ley General de Sanidad y la Ley Básica Reguladora de la Autonomía del Paciente.
Así, propone que la Ley General de Sanidad garantice “el derecho a una muerte digna y sin dolor en los supuestos contemplados por la ley”. Además, IU quiere que se establezca el derecho a “negarse a consentir un tratamiento” y que dicha negativa no determine el alta médica.
La Izquierda Plural quiere que este extremo se recoja también en la Ley Básica Reguladora de la Autonomía del Paciente. Así, propone que se establezca que “los pacientes tienen derecho”, una vez recibida la información pertinente, “a negarse a consentir un tratamiento determinado, lo que no determinará el alta médica”.
(SERVIMEDIA)
27 Mar 2012
VBR/gja