La FADSP señala en las mismas que esta ley invade competencias estatales y que vulnera la Constitución Española, la Ley General de Sanidad, Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, Ley del Medicamento y el RD 1030/2006 por el que se establece la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud.

Asimismo, solicita también que se realicen las acciones oportunas para dejar en suspenso la citada norma en tanto no se resuelvan los recursos que deberán presentarse contra las mismas.