Movimiento contra la Intolerancia califica esta campaña contra el menor y su familia que han solicitado la materialización de sus derechos lingüísticos que los tribunales españoles les otorgan como “actos de de odio, que suponen hostilidad y daños a la dignidad de las víctimas, a sus semejantes y además, provocan un gran deterioro de la convivencia".

“La igualdad y la no discriminación”, afirmó esta ONG, "han de ser consideradas como una expresión de la propia dignidad humana. Ya sean por su dimensión étnica, nacional o ideológica, estas conductas de intolerancia lingüística, pueden llegar a suponer un delito de odio, en este caso, de hispanofobia”.

En su escrito, la organización denunciante ha aportado los “insultos injuriosos en las redes sociales, abusos y acoso en decenas de mensajes que se han multiplicado por redes, WhatsApp e Internet, como evidencian las diferentes denuncias interpuestas, en especial los tuits que aportó la Asamblea por la Escuela Bilingüe”.

La denuncia también incluye las “coacciones amenazantes para que se desistiera del ejercicio de derechos lingüísticos, desvelando nombre y profesión del padre del menor, de la madre y de un posible comercio, así como su posible adscripción política”.

AL LADO DEL COLEGIO

Del mismo modo, se denuncia la manifestación que se celebró “sin solicitar autorización para su emplazamiento, a pocos metros del centro educativo en horario de salida de los menores escolares, que bien podría afectar psíquicamente al menor y la familia contra quien lo dirigían y al conjunto de los alumnos presentes. Una manifestación con personas con capuchas y bengalas de humo, al más puro estilo de los ultras de futbol”.

Movimiento contra la Intolerancia recuerda que el Tribunal Supremo y el Constitucional señalan que" la libertad de expresión no es infinita y afirman que puede considerarse necesario en las sociedades democráticas sancionar e incluso prevenir formas de expresión que propaguen, promuevan, o justifiquen el odio basado en la intolerancia. Tanto la Constitución española en su artículo 10, como los tratados internacionales, otorgan protección a la dignidad humana.

Por esto, pide a la Fiscalía la investigación de los hechos denunciados y depuración de las responsabilidades que se pudieran derivar.