Para Herrera, “la autonomía personal debe ser impulsada por la Administración, eliminando las barreras que impidan la igualdad de los derechos y favoreciendo la libertad, la igualdad y plenitud del individuo”.

En el texto, Herrera explica que “hoy por hoy, las normativas sólo prevén que la información exigida sobre los productos se proporcione en escritura visual a los envases.” “No existe ninguna regulación que prevea la obligatoriedad de proporcionar la información contenida en los etiquetados de los productos en medios alternativos que permitan el acceso a personas con discapacidad, especialmente la visual”, remarca la proposición.

Por esta razón, ICV pide que “la regulación establezca de forma obligatoria la utilización de métodos o sistemas para garantizar la accesibilidad al contenido del etiquetado que facilite a estas personas el acceso autónomo a esta información, como cualquier otro consumidor”.

El portavoz del grupo en el Congreso detalla también “deficiencias” en el etiquetado en braille de productos, de medicamentos y de productos “peligrosos”, lo que “supone un riesgo por la integridad física y la salud de algunas personas y crea una dependencia injustificable, además de un obstáculo por el libre desarrollo de la personalidad”.

ICV quiere que el Congreso inste al Gobierno a elaborar una normativa estatal en torno al etiquetado accesible que, “como mínimo”, establezca que los comercios legalmente establecidos proporcionen información sobre los productos adquiridos en sistema braille (al menos el nombre y la fecha de caducidad o, en su caso, la peligrosidad) y la previsión de un servicio de acompañamiento personalizado en todos los establecimientos comerciales a las personas ciegas.

La proposición también pide que las páginas web de venta electrónica incluyan la opción para solicitar el etiquetado en braille, y solicita la creación de un registro y la publicación periódica de un listado actualizado de los comercios que prestan este servicio de etiquetado.